El Estado de Venezuela presentó el pasado 25 de enero el tercer ciclo del Examen Periódico Universal, mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que inició a las 9:30 am (Hora Caracas), los países miembros del organismo hicieron recomendaciones al Estado de Venezuela sobre la situación de los derechos humanos a partir de los informes presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las organizaciones de la sociedad civil.
Instituto Prensa y Sociedad
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) de forma directa, y a través de la Alianza para Libertad de Expresión de Venezuela, presentó los reportes sobre las garantías informativas, tema que fue abordado durante la presentación del tercer ciclo del EPU.
Sobre esta materia, 27 fueron las exhortaciones que hicieron los Estados a la delegación de Venezuela, ocho recomendaciones más que en 2016 cuando se celebró el examen anterior y se contaron 19 recomendaciones vinculadas con las libertades informativas.
Promover la libertad de prensa, reabrir medios de comunicación cerrados, garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y cesar la persecución, el hostigamiento y la criminalización de los comunicadores, fueron parte de las exhortaciones de países como: Nueva Zelanda, Letonia, Italia, Ecuador, Dinamarca, Malta, Georgia, Alemania, Uruguay, Austria, Estonia, Corea del Sur, Portugal, y Bulgaria, entre otros
La delegación de Eslovaquia sugirió puntualmente “modificar la Ley Contra el Odio para que no pueda ser utilizada contra periodistas y defensores de derechos humanos”.
Noruega, por su parte, recomendó a Venezuela “garantizar a los periodistas y miembros de ONGs que puedan proceder con sus labores sin miedo a la persecución”. En esa misma línea, Estados Unidos pidió “permitir a todos los medios independientes, instituciones religiosas, sociedad civil y organizaciones humanitarias operar sin restricciones o amenazas”.
Del mismo modo, Países Bajos instó al Estado venezolano a “promover un espacio seguro para la labor periodística”, mientras que Lituania sugirió “el cese a la criminalización contra periodistas”.
Bélgica recomendó “abstenerse de ataques y detenciones arbitrarias a todas las personas, especialmente periodistas que ejercen la libertad de expresión, y poner fin a la impunidad cuando se vulnere ese derecho”.
Japón, además, solicitó “tomar medidas concretas en favor de la libertad de opinión y expresión, así como también la libertad de los medios, tomando en cuenta los informes de órganos de protección”.
Estas recomendaciones hechas por más de 25 países contrastan con las afirmaciones del reporte presentado por el Estado de Venezuela en materia de libertad de expresión, en el que afirma que “en el país, los periodistas ejercen diariamente su labor, sin más limitaciones que las derivadas de lo establecido en la Constitución y las leyes” o que “todos los organismos de seguridad del Estado han recibido instrucciones precisas para proteger a los periodistas durante el ejercicio de su labor”.
