WASHINGTON – En una escalada sin precedentes en la confrontación entre Washington y el tribunal con sede en La Haya, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes el inicio de una campaña diplomática integral orientada a «desmantelar» la capacidad operativa de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida, calificada por la administración de Donald Trump como una respuesta necesaria ante lo que consideran una «amenaza intolerable» a la soberanía nacional, marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales del país.
«Una guerra sin balas»: La postura oficial del Departamento de Estado sostiene que el tribunal ha excedido sus competencias, arrogándose la facultad de procesar y encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional. En un mensaje difundido a través de un video, Rubio fue enfático al describir la naturaleza del conflicto: «La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de la llamada ley internacional».
El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que el organismo busca instaurarse como un «árbitro no rendidor de cuentas de una nueva ley global», con atribuciones que, a su juicio, comprometen la soberanía existencial de Estados Unidos. Esta postura refuerza una política de larga data: Washington, que nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, ha sostenido consistentemente que la Corte carece de jurisdicción alguna sobre los ciudadanos estadounidenses.
Una estrategia de presión integral
La nueva directriz de la Casa Blanca implica un despliegue de todo el aparato gubernamental para «desactivar sistemáticamente» la operatividad del tribunal. Según reportes de medios locales, la estrategia incluye una presión diplomática intensiva sobre los países aliados para que reconsideren su permanencia en el organismo, al cual la administración Trump señala de inmiscuirse recurrentemente en asuntos internos de potencias soberanas.
Esta ofensiva se articula como una extensión de las políticas de presión ya aplicadas durante el último año, que incluyen sanciones directas contra magistrados y fiscales de la CPI. Entre las medidas destacan la prohibición de ingreso a territorio estadounidense, así como el bloqueo de activos financieros y de propiedad de funcionarios del tribunal. Dicho endurecimiento ha sido impulsado, en gran medida, por las investigaciones que la Corte sostiene respecto a presuntos crímenes de guerra en Afganistán, así como las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos de Israel, aliado estratégico de Washington.
El anuncio de Rubio reafirma la determinación de la Casa Blanca de no permitir que ninguna instancia supranacional se convierta en una amenaza para su personal militar o sus autoridades. Mientras la CPI mantiene sus procesos abiertos, Washington se prepara para un pulso diplomático que promete reconfigurar las alianzas internacionales y poner a prueba los límites del derecho penal global ante la postura de una de las mayores potencias del mundo.
Por: Redacción Standard Digital News | Internacionales | Con información de Agencias | Fotos cortesía | 13 de julio de 2026
