WASHINGTON / CARACAS.– En el marco de la política de máxima presión ejercida contra el sector energético venezolano, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump intensificó sus acciones institucionales para obligar al magnate petrolero de Florida y reconocido donante republicano, Harry Sargeant III, a deshacer sus inversiones e intereses comerciales en el país sudamericano.
Según revelaron fuentes vinculadas al caso citadas por la agencia Bloomberg, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro procedió a congelar los bienes y recursos financieros de una firma offshore vinculada al empresario, la cual mantiene participación directa en proyectos de extracción e infraestructura cruda en territorio venezolano. De manera simultánea, la autoridad financiera de Washington emitió una licencia especial que faculta al inversionista a liquidar y traspasar sus cuotas de participación, una decisión estratégica diseñada para forzar su salida definitiva de la industria hidrocarburífera local.
Vínculos de larga data y operaciones energéticas
Sargeant ha mantenido durante años una posición prominente en la comercialización de derivados y crudo venezolano, sosteniendo canales de comunicación con altos personeros de la industria en Caracas. El empresario norteamericano, quien ha formado parte del círculo de allegados a la Casa Blanca e inclusive participó en encuentros de alto nivel en la residencia de Mar-a-Lago, venía operando en los segmentos de asfalto y petróleo a través de su firma Global Oil Terminals y otras filiales de su conglomerado corporativo, amparado en autorizaciones previamente otorgadas por el Gobierno estadounidense.
En períodos recientes, el inversionista floridano desplegó gestiones ante círculos políticos y diplomáticos en Washington con el propósito de flexibilizar los regímenes sancionatorios, promoviendo el retorno de firmas estadounidenses al mercado energético venezolano.
Giro en la estrategia de Washington
El cerco institucional contra las empresas de Sargeant coincide con la profundización de la estrategia punitiva trazada por el Ejecutivo estadounidense hacia la nación andina, la cual abarca un abanico de medidas coercitivas y movimientos diplomáticos coordinados con el marco institucional interino tras la aprehensión de Nicolás Maduro.
Hasta el momento, ni el magnate petrolero ni los voceros legales de sus firmas corporativas han emitido declaraciones públicas o pronunciamientos oficiales con relación a las disposiciones dictadas por el Departamento del Tesoro.
Por: Redacción Standard Digital News | Sección: Internacional – Economía | Con información de Bloomberg / Fotos cortesía | Fecha: 8 de agosto de 2026
