DORAL.– La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, precisó públicamente que la administración municipal que encabeza carece por completo de las competencias legales para intervenir, interrumpir o detener los procedimientos operativos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la jurisdicción. Ante la marcada inquietud de los habitantes y las reiteradas exigencias de los sectores comerciales, la mandataria argumentó que la fiscalización de las normativas migratorias atañe al fuero federal, razón por la cual las instancias locales están supeditadas al marco legal nacional sin importar el impacto social o económico que se registre en el entorno comunitario.
La gobernante local detalló que el Departamento de Policía de Doral no forma parte de las redadas ni sostiene coordinación logística con los funcionarios federales, al tiempo que remarcó que el ayuntamiento no es notificado con carácter previo sobre los sectores o momentos en que se efectuarán los despliegues. Fraga puntualizó que la gerencia municipal se entera de las actuaciones mediante los mismos canales informativos que la ciudadanía, tales como avisos en redes digitales o reportes de residentes que presencian las detenciones en corredores viales, expendios de combustible y espacios comerciales del municipio.
Restricciones legales en Florida y ausencia de intercambio de datos
En su intervención, la alcaldesa desestimó de manera categórica las versiones que sugieren la entrega de registros o bases de datos de los habitantes a los organismos federales por parte del gobierno local. Respecto a las solicitudes de la comunidad para declarar a Doral bajo la figura de «ciudad santuario» con el propósito de proteger a los migrantes sin estatus regular, la funcionaria recordó que el marco jurídico del estado de Florida prohíbe de manera explícita dicha calificación, limitando la capacidad de acción de los ayuntamientos frente a los mandatos vigentes.
Las intervenciones migratorias han provocado una drástica caída en la dinámica económica de Doral, localidad caracterizada por una relevante presencia de negocios y familias de origen latinoamericano, con predominio de la comunidad venezolana. Representantes del comercio minorista y del sector gastronómico reportaron contracciones de hasta un 70 % en sus transacciones diarias, panorama derivado de la aprensión de consumidores y trabajadores a transitar por la vía pública, lo que ha generado ausentismo laboral e interrupción de actividades en personas que avanzan en solicitudes de asilo.
Alteración en la cotidianidad familiar y asistencia legal
Las derivaciones de los patrullajes han impactado de igual manera la dinámica familiar y el ámbito educativo en la localidad. Fraga transmitió su preocupación por las consecuencias emocionales en la población infantil, tras constatarse que diversos representantes prefieren evitar el traslado terrestre hacia los planteles de la zona para eludir posibles puntos de verificación, recurriendo al uso de transporte privado o a la permanencia de los estudiantes en las viviendas.
Frente a la complejidad institucional y social del escenario, la Alcaldía de Doral informó que su gestión se concentrará en proporcionar orientación informativa y articular a las familias afectadas con redes de asesoría jurídica calificada, a fin de velar por el cumplimiento de las garantías del debido proceso.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Internacionales y Comunidad | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 22 de septiembre de 2026
