CARACAS.– En el marco de los anuncios orientados al fortalecimiento institucional y la convivencia política, este lunes 5 de octubre quedó formalmente instalada en el Palacio Federal Legislativo la comisión especial encargada de redactar el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio. La instancia, creada tras la solicitud efectuada por el Ejecutivo nacional, dio inicio a sus labores operativas con el compromiso de transformar la estructura de la normativa aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, enfocando su articulado hacia un enfoque pedagógico, preventivo y de estímulo a la tolerancia en el debate público.
El presidente de la comisión parlamentaria y primer vicepresidente del Poder Legislativo, Pedro Infante, precisó al término de la jornada inaugural que las modificaciones comenzarán desde la denominación formal del texto legal, con la finalidad de reorientar su espíritu hacia la justicia de paz comunal, la coeducación y el pluralismo social. Asimismo, el parlamentario aseveró que el grupo de trabajo evaluará minuciosamente los señalamientos sobre la «mala aplicación» del instrumento en casos puntuales, coincidiendo en la urgencia de efectuar rectificaciones que fortalezcan la confianza en los órganos de administración de justicia.
Revisión del articulado punitivo, sanciones y procesos de consulta
Uno de los ejes centrales de la revisión abarcará la posible despenalización y ajuste de los artículos 20, 21 y 22 del texto vigente. Actualmente, el articulado establece penas que oscilan entre los 10 y 20 años de prisión para quienes incurran en la promoción de mensajes considerados discriminatorios o violentos. De igual forma, el marco sancionatorio contempla la revocatoria de concesiones a medios radioeléctricos y multas elevadas que van de 50.000 a 100.000 unidades tributarias para plataformas digitales y portales web que no retiren contenidos señalados en un plazo máximo de seis horas.
Sobre este aspecto, Infante reiteró que se desarrollará una amplia consulta ciudadana que convocará a sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, representantes de medios de comunicación social, administradores de justicia y víctimas de la aplicación de la normativa. Organismos defensores de derechos humanos han contabilizado a lo largo de los últimos años diversos expedientes vinculados a este marco legal, por lo que la comisión técnica asumió el compromiso de procesar los planteamientos formulados por los distintos actores de la sociedad civil para garantizar un procedimiento transparente y equilibrado.
El equipo parlamentario quedó integrado por los legisladores Pedro Infante, Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz, Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina Carreño, Willy Medina y Jeyson Guzmán, junto a los parlamentarios de la Alianza Democrática, Rubén Limas y Luis Augusto Romero, y Amelia Belisario por la fracción Libertad. La agenda de trabajo continuará este martes 6 de octubre a las 11:00 a.m. en el Salón de los Escudos del recinto legislativo, donde se dará inicio al desglose y debate artículo por artículo.
Al ser abordado por los medios de comunicación respecto a los planteamientos recientes de líderes de la oposición acerca de un acercamiento institucional en favor de la estabilidad política, Infante ratificó la disposición parlamentaria de afianzar la concertación nacional: «Que cada quien haga lo que tenga que hacer en función del diálogo y el respeto; nosotros seguiremos construyendo puentes. La prioridad es la paz, tranquilidad, la estabilidad y reconstrucción del país», puntualizó el vocero al cerrar su intervención.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Política y Nacional | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 5 de octubre de 2026
