Este martes 25 de enero de 2022 se llevará a cabo la sesión de presentación del Examen Periódico Universal a Venezuela, un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creado para evaluar la situación de los derechos humanos de los Estados miembros del organismo.
El Estado venezolano fue examinado en el primer ciclo de este mecanismo en 2011, y también en el segundo ciclo llevado a cabo en 2016.
Desde la realización del segundo ciclo del EPU en 2016, el panorama de los derechos humanos en el territorio venezolano ha sido de restricciones y vulneraciones. La escena de materias como la libertad de expresión y el acceso a la información pública es de las más graves en el país. De acuerdo con datos del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), en los últimos cinco años fenómenos como la censura, la opacidad, la desinformación, la persecución, el hostigamiento, y la criminalización han tomado mayor forma en el país. Informa el IPYS en nota de prensa. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha valido de diversas tácticas para silenciar a las voces
La violencia contra comunicadores ha crecido, y el Gobierno ha fallado en garantizar protección a trabajadores de la prensa. Las cifras hablan por sí solas. Entre 2017 y 2020 fueron asesinados cinco periodistas en Venezuela, todos activistas políticos de las filas del chavismo. En 2019, hubo 512 violaciones por uso abusivo del poder estatal y 81 de ellas fueron limitaciones de acceso a la información pública. En 2020, se contabilizaron 215 casos de limitaciones a las libertades informativas entre agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios de comunicación y reporteros, expresa el instituto
Para el IPYS la opacidad en cifras y el ocultamiento de información de interés público ha sido adoptada como política del Estado venezolano. La prensa ha sido perseguida, intimidada, agredida y criminalizada, y se han suscitado casos como el de los periodistas Luis Carlos Díaz o Roland Carreño. Los reporteros extranjeros también han sido víctimas de expulsiones del país y confiscación de equipos de trabajo.
El Gobierno de Nicolás Maduro se ha valido de diversas tácticas para silenciar a las voces disidentes. En 2017, promulgó la Ley contra el Odio que ha afectado al menos a seis medios de comunicación y a 17 trabajadores de la prensa desde 2018. Asimismo, ha usado la figura de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como ente censurador que regula y sanciona contenidos en radio y televisión. En los espacios digitales, el Estado ha bloqueado portales de noticias y plataformas de redes sociales y ha restringido la expresión en línea, destaca.
Diversos organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Unesco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil han exhortado al Gobierno de Venezuela a respetar las garantías universales. Además, en el segundo ciclo del EPU, el Estado venezolano recibió 19 recomendaciones relativas a la libertad de expresión y al acceso a la información. No obstante, 18 de esas exhortaciones continúan sin ejecutarse y solamente se ha implementado una de manera parcial.
El carabobeño.
