La ONU expresó su preocupación por el incremento de la violencia en Colombia, especialmente en las circunscripciones especiales de paz, donde pidió garantías de seguridad para el ejercicio de los derechos políticos.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó un informe en el que se recogen los resultados de la situación de derechos humanos en el país andino durante el año pasado y en el que lanzan una batería de recomendaciones al Gobierno para reducir estas afectaciones a los derechos.
En rueda de prensa, la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, puso de manifiesto su preocupación por la presencia de grupos armados no estatales y grupos criminales en los territorios donde se han constituido las 16 circunscripciones especiales de paz para este ciclo electoral, donde por primera vez en el país víctimas del conflicto van a elegir a sus propias voces en el Congreso.
Esta violencia y presencia de grupos armados suponen «un riesgo para las garantías en el marco electoral», por lo que la ONU instó al Estado a garantizar el libre ejercicio del derecho político en estos territorios.
Más de 500 misiones en todo el territorio han permitido a la oficina de Naciones Unidas llevar a cabo un diagnóstico de la situación de la violencia en los territorios de las curules (escaños) de paz, que hace que tengan una especial vulnerabilidad.
«Queremos unas elecciones tranquilas y pacíficas donde todos los ciudadanos puedan participar con las garantías de seguridad», concluyó Rivero.
Situación de DDHH en Colombia
Durante 2021, la ONU constató un incremento de la violencia en zonas rurales y en algunos centros urbanos, mientras que la pandemia y la violencia agudizaron las inequidades sociales y económicas existentes en Colombia.
Las cifras de masacres y de asesinatos son las más altas registradas desde 2014. En 2021, la ONU verificó 78 masacres con 292 personas fallecidas y 100 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, así como 54 asesinatos de excombatientes desmovilizados.
La violencia se manifiesta principalmente en zonas con altos niveles de desigualdad y con baja presencia del Estado, mientras que las comunidades reportan un incremento en el reclutamiento infantil y minas antipersona, apunta la ONU.
Esta violencia extrema que usan grupos armados, que son responsables de desapariciones, asesinatos y violencia sexual, genera «zozobra y desesperanza» en la sociedad.
En algunos casos, incluso imponen restricciones, lo que pone en peligro las prácticas y saberes ancestrales de las comunidades indígenas.
Por otro lado, la oficina de derechos humanos de la ONU identificó altos niveles de estigmatización, incluso por parte de agentes del Estado, que podrían tener como fin deslegitimar la labor de las personas defensoras, generar temor y silenciarlas, y recibió 1.116 denuncias de amenazas y agresiones contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos.
El apoyo a los programas de sustitución de cultivos ilícitos y las denuncias de actos de corrupción, así como la defensa de la tierra y el territorio, exponen a riesgos altos a las personas defensoras, particularmente indígenas y campesinos.
Además, Rivero detalló que el 33 % de los homicidios y el 37 % de los ataques contra personas defensoras se dieron con ocasión de las protestas del año pasado en el país.
Asignaturas pendientes
Entre los avances que destaca Naciones Unidas en el documento, cinco años después del acuerdo de paz, está la desmovilización de las FARC-EP, la constitución de un nuevo partido político, la creación de estas 16 curules para la paz y un balance positivo de los mecanismos de justicia transicional, así como algunos progresos en el derecho al acceso a la tierra.
No obstante, Rivero indicó que siguen existiendo asignaturas pendientes, como el derecho al acceso a la tierra, donde el Estado debería acelerar la distribución de predios a familias campesinas.
Por otro lado, aunque Colombia goza de un marco legal «robusto» para la protección del derecho de reunión pacífica, la represión a las movilizaciones y la forma como se utilizó la fuerza contra manifestantes pacíficos reveló la necesidad de reforzar la gestión democrática de la protesta.
«El paro nacional (como se conoce a las protestas de 2021) fue una movilización mayoritariamente pacífica y ciudadana con participación sin precedentes de la juventud para protestar contra la desigualdad», indicó la representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Esta oficina verificó 54 «privaciones arbitrarias de la vida por parte de miembros del Ejército y la Policía Nacional», de las cuales 29 se dieron «por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas».
Fuente: Globovisión/ EFE/
