Las vacunas para prevenir diarreas graves, neumonías y gripes, incluidas en el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, dejaron de aplicarse a los niños menores de cinco años en ambulatorios públicos y, ahora, sus padres las consiguen en el sector privado a precios que pueden superar los 100 dólares por unidad. El Gobierno asegura que no compró más dosis por los altos costos de los biológicos, pero tampoco las puede adquirir del Fondo Rotatorio de la OPS, donde se obtienen a precios bajos, por una deuda acumulada cercana a 11 millones de dólares
Samuel enfermó antes de vacunarse. Al bebé, de ocho meses, se le debía aplicar una vacuna contra la gastroenteritis severa producida por el virus rotavirus cuando cumplió dos meses de nacimiento. Elisa, su mamá, no pudo comprar la dosis para protegerlo del patógeno porque el producto no llegó al proveedor donde pretendía comprarla, debido a las limitaciones que suponen el COVID-19 en el país.
La dosis que requería Samuel actualmente es importada de Brasil. Elisa, quien vive en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, tenía en sus manos 120 dólares que invertiría en el producto biológico para inmunizar a su hijo. Ella pudo habérselo aplicado en un ambulatorio público sin costo alguno, pero desde hace cuatro años el Estado venezolano no trae la vacuna, que aún forma parte del esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud.
“La vacuna para el rotavirus, que antes se conseguía en el público, es vendida entre 120 dólares y 150 dólares. Como no llegó de Brasil por la pandemia y por el riesgo de que se rompiera la cadena frío, no se la pude poner, y al niño le dio diarrea. Gastamos como 60 dólares en medicinas, sin contar la consulta con el pediatra”, contó Elisa.
La antirrotavirus es solo una de las vacunas aprobadas en el esquema básico de inmunización oficial que el Gobierno no suministró más a los distritos sanitarios y ambulatorios de la red pública. Tampoco actualmente hay disponibilidad de dosis para prevenir cuadros gripales, provocados por diferentes cepas de los virus de la influenza, y neumonías causadas por neumococos.
La inclusión de estas vacunas en las pautas de inmunización del Ministerio de Salud, que cuenta con 12 aprobadas para la prevención de 15 enfermedades, compromete al gobierno a distribuirlas a la población de manera gratuita. Pero al no proveerlas en este momento, los padres de los niños recurren a pediatras y diferentes distribuidores para comprarlas a precios dolarizados y, en casos extremos, suelen trasladarse hasta Brasil o Colombia, países fronterizos con Venezuela, para proteger a sus hijos de las enfermedades infectocontagiosas. El impacto de la ausencia de las vacunas en sector público resulta elocuente si la lupa pone en las familias más pobres que apenas cobran un salario mínimo equivalente a 1,2 dólar por mes.
En agosto de 2016, el Ministerio de Salud, en una reunión con expertos de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evaluar el Programa Nacional de Inmunización, acordó que el esquema básico de vacunación para niños menores de cinco años en Venezuela aún incluiría las dosis para prevenir rotavirus, neumococo y antiinfluenza. Pero las autoridades sanitarias manifestaron dificultades para seguir importando los productos, según informó el representante de la OPS en Venezuela, Pier Paolo Balladelli.
“Aunque el MPPS mantiene dentro del esquema oficial las vacunas neumococo, rotavirus e influenza, y desde la OPS/OMS mantenemos el asesoramiento técnico para la reintroducción de estas vacunas, se tuvo que descontinuar la administración de estas vacunas debido al alto costo que las mismas representan. Con la adquisición de tan solo estas tres vacunas, sería necesario triplicar el presupuesto total que permite la adquisición de todas las demás vacunas del esquema básico, lo cual impactaría significativamente en el presupuesto del PAI en el contexto de la compleja situación económica que atraviesa el país”, señaló.
El Gobierno compraba estas tres vacunas, así como las demás dosis del PAI, a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Pero denuncian desde distintas sociedades científicas médicas que Venezuela acumula una deuda con el fondo desde 2017, cuando el país registró el desabastecimiento de 10 de 12 vacunas (83,3% de las dosis) y otros insumos como inyectadoras, según los datos del OPS. Balladelli reconoció, sin apuntar la cantidad de dinero adeudada, que el Gobierno no ha pagado, pero que ese compromiso lo incumple desde el año pasado.
“Desde 2019, el MPPS no ha podido realizar nuevas compras a través del Fondo Rotatorio, debido a la deuda que el país mantiene con el mecanismo. Según nos refieren las autoridades sanitarias, las sanciones impuestas al país les han imposibilitado movilizar sus recursos en el extranjero para honrar la deuda. En este punto es importante mencionar que este compromiso con el Fondo Rotatorio no genera intereses adicionales para el país y el mecanismo se podrá reactivar en forma inmediata una vez se genere un pago, por el monto equivalente que el país transfiera en ese concepto”, aclaró Balladelli en la comunicación.
