Tres activistas LGBTIQ+ se encadenaron este lunes 21 de noviembre en Caracas, por tiempo indefinido, durante una manifestación frente de la Defensoría del Pueblo para exigir un pronunciamiento de respaldo a este colectivo que repudia el silencio de las instituciones del Estado ante peticiones y reclamos por la igualdad de derechos.
«Hemos agotado todas las vías, la administrativa, la judicial. Entonces, hemos decidido recrudecer nuestra manifestación y nuestra protesta. Es por eso que los compañeros, a partir de hoy, se declaran en resistencia (…) estarán aquí encadenados hasta nuevo aviso”, dijo ante periodistas Richelle Briceño, la activista que actuó como portavoz en la protesta, en la que participaron unas diez personas.
Tres hombres, uno de ellos en silla de ruedas, se encadenaron en unos bancos cercanos a la Defensoría y permanecerán allí hasta ser atendidos por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a quien le recriminan que no ha defendido a las personas LGBTI+ ni ha promovido ningún avance para esta población.
“Amenazamos, como colectivo, con una huelga de hambre hasta que el defensor cumpla con lo que tiene que cumplir, que es defender los derechos humanos de la población”, insistió Briceño.
Organizaciones de derechos humanos, explicó Briceño, han pedido al Supremo anular un artículo del código de justicia militar que penaliza la homosexualidad con hasta tres años de cárcel, un asunto sobre el que Ruiz no se ha pronunciado.
Asimismo, los manifestantes criticaron el silencio del defensor ante la negativa de la burocracia venezolana para permitir el cambio de nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009 que no ha sido respetado y, por consiguiente, las personas transexuales viven con identidades que no corresponden con su género.
Entre otros asuntos, recordaron que el Parlamento recibió en 2014 un anteproyecto de ley sobre matrimonio igualitario y que en 2016 se creó un precedente judicial que permitió el reconocimiento legal a una familia homoparental, temas que no han avanzado y que la Defensoría no ha impulsado, según los activistas.
Briceño señaló que, de esta manera, el Estado no violenta por acciones sino por omisión y que ante tanto silencio se ven en la necesidad de esta “medida desesperada” que esperan produzca alguna conquista para este colectivo.
Con información de agencias
