236 muertes, un informe técnico devastador y una cadena de mensajes de texto que prueban que la tragedia pudo evitarse. Mientras las familias lloran a sus muertos, el poder económico de los hermanos Espaillat y el silencio mediático amenazan con sepultar la verdad bajo un manto de impunidad.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – Hoy, 8 de abril de 2026, el aire en la capital dominicana sigue siendo pesado. Se cumple un año desde que el mítico escenario de la discoteca Jet Set se convirtiera en un panteón de escombros y hierro retorcido. Lo que debía ser una noche de júbilo con el merenguero Rubby Pérez —quien también perdió la vida en el siniestro— terminó en una masacre evitable que cobró la vida de 236 personas y dejó cicatrices físicas y psicológicas en cientos de heridos.
Sin embargo, tras doce meses de investigaciones, el dolor ha mutado en una rabia sorda. Para las familias de las víctimas, el desplome del techo fue solo el inicio; el segundo derrumbe es el del sistema judicial de un país donde, según denuncian, el dinero pesa más que la vida.
El WhatsApp del horror: Sabían que el techo colapsaría
La evidencia más incriminatoria no está en los escombros, sino en los teléfonos celulares. Investigaciones y filtraciones de mensajes entre los propietarios, Antonio y Maribel Espaillat, revelan una negligencia sistémica.
Una hora antes de la catástrofe, Maribel advirtió a su hermano que un pedazo de plafón había caído sobre un cliente. La respuesta de Antonio, lejos de ser una orden de evacuación, fue un frío: «Voy a cambiar la mayoría». Diecisiete minutos antes del colapso final, a las 00:27 a.m., el aviso fue desesperado: «Es el techo que está desbaratado». A las 00:44 a.m., la estructura cedió, aplastando a casi 2.000 personas.
Ingeniería de la irresponsabilidad: 20 toneladas de exceso
Un informe del Ministerio Público (MP) de junio pasado reveló que, desde 2011, la cubierta del local sufrió una carga «constante y progresiva». Lo que empezó con siete elementos técnicos terminó con 17 unidades masivas sobre el techo, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, ductos y tinacos de agua.
A pesar de que el responsable operativo del local, Gregory Adams, desaconsejó abrir al público un día antes de la tragedia, la ambición comercial se impuso a la seguridad.
¿Justicia o «Miseria» de indemnización?
La indignación crece ante los intentos de la familia Espaillat —una de las más acaudaladas del país y dueña de un vasto conglomerado de medios— de cerrar el caso mediante acuerdos extrajudiciales. Se reportan pagos de entre 150.000 y 300.000 pesos (aprox. 2.000 a 4.000 euros) a cambio de retirar las querellas.
«Es una miseria ofrecida por una de las familias más ricas del país», denuncia la periodista Camila García Durán, quien señala que el control de Antonio Espaillat sobre los medios de comunicación ha mantenido a muchos periodistas silenciados.
El grito de las víctimas: «No nos vamos a cansar»
Héctor Rincón, quien perdió a 11 amigos esa noche, resume el sentimiento de los sobrevivientes: «Creo en la justicia divina. No en la de mi país». Mientras tanto, el abogado Plinio Pina busca elevar la acusación a homicidio voluntario, con penas de hasta 10 años, frente a la actual calificación de homicidio involuntario que apenas contempla dos años de cárcel.
El pasado lunes, en las afueras del juzgado, el ambiente era eléctrico. Familiares increparon a los hermanos Espaillat al grito de «asesinos» y, en un gesto cargado de ironía y dolor, cantaron el «cumpleaños feliz», recordando a seres queridos como Clarisleny Peguero, cuya fiesta de 20 años quedó interrumpida para siempre.
La audiencia ha sido aplazada para el 20 de abril. República Dominicana se enfrenta ahora a su propio juicio: demostrar si es un Estado de derecho o una nación donde la impunidad se compra con publicidad y relaciones políticas.
Por Redacción StandardDigitalNews – Derechos Humanos y Justicia / Con información de agencias/ Foto archivo/ 8 de abril de 2026
