El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó este martes que su homóloga de Colombia, Claudia Blum, haya solicitado una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar el informe elaborado por una Misión Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
«Señora canciller: le informo que Venezuela no es miembro de la OEA«, sostuvo Arreaza, quien instó a la autoridad colombiana a debatir cómo su gobierno «destruyó los acuerdos de paz» con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Asimismo, el canciller venezolano denunció que en Colombia han ocurrido 64 masacres contra civiles en lo que va del 2020, «proliferan la narcopolítica y grupos criminales», además de que ocurre la violación «brutal» a los Derechos Humanos de los ciudadanos que desde hace semanas protestan en las calles del país.
Más temprano, la cancillería colombiana consideró que la OEA, además de debatir el informe de la Misión Independiente de la ONU, «debe denunciar» al gobierno de Nicolás Maduro y «advertir sobre la gravedad» de legitimar las elecciones legislativas que Venezuela tiene previstas para el próximo 6 de diciembre.
El 27 de abril del 2019, Venezuela se convirtió en la segunda nación, después de Cuba, que abandonó la OEA, tras denunciar que el organismo internacional violaba el artículo 1 de su propia Carta Fundacional, que establece la no intervención en asuntos «de la jurisdicción interna de los Estados miembros».
La tarde de ayer, el gobierno venezolano informó que integrantes del Poder Ciudadano viajarán a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de DDHH a exponer un informe titulado ‘La Verdad de Venezuela’, realizado por instituciones y organizaciones nacionales para contrarrestar el documento difundido por la Misión Independiente de la ONU.
La misión independiente liderada por la abogada portuguesa Marta Valiñas -que elaboró el informe sin siquiera viajar al país- asegura que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas habrían planificado y ejecutado «graves violaciones a los derechos humanos» incluyendo «torturas» y «ejecuciones arbitrarias», lo que constituiría «crímenes de lesa humanidad».
Con información de RT
