BOGOTÁ.– En lo que constituye una de sus primeras acciones de gobierno en materia de orden público, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, instruyó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad catalogadas como reclusos de alto perfil y con nexos en procesos de negociación de paz. La determinación ejecutiva fue confirmada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República mediante un comunicado emitido en la capital colombiana.
El operativo de reubicación estuvo a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), organismo que coordinó el desplazamiento de los internos hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad localizados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Refuerzo de la seguridad y control institucional
Conforme a lo precisado en el documento oficial, la medida obedece a una estrategia orientada a consolidar el control sobre la población penal, incrementar los estándares de resguardo en los penales y neutralizar la operatividad de las estructuras delictivas desde el interior de los recintos de reclusión.
La administración central expuso este procedimiento como un paso firme en la ruta para retomar el dominio permanente de los centros carcelarios, garantizar el estricto apego al ordenamiento jurídico y asegurar el cumplimiento riguroso de los mandatos emanados del Poder Judicial.
Advertencia a estructuras delictivas y giro en la política carcelaria
Desde el Palacio de Gobierno se emitió una clara advertencia a las organizaciones al margen de la ley, señalando que la utilización de las dependencias penitenciarias para la coordinación o ejecución de actividades ilícitas será severamente sancionada por los tribunales.
«El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional», enfatiza el comunicado emitido por la Casa de Nariño.
Esta decisión se enmarca dentro de la nueva directriz en materia de seguridad trazada por el jefe de Estado, cuyo programa prioriza el ejercicio de la autoridad frente a los grupos armados al margen de la ley y la plena restauración de la presencia estatal en las instituciones penitenciarias y en el territorio nacional.
Por: Redacción Standard Digital News | Sección: Internacional – Judicial | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 8 de agosto de 2026
