Esta normativa autoriza a los oficiales de asilo de la Uscis «a considerar las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida»
El gobierno de Estados Unidos iniciará una nueva política de asilo en la frontera con México, denominada Norma Final Provisional de Asilo.
Esta normativa autoriza a los oficiales de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Uscis) «a considerar las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida».
Lo que quiere decir que ya no serán los jueces de inmigración los únicos que otorguen la protección humanitaria. Ahora también se sumarán los agentes de asilo del servicio de inmigración estadounidense.
«Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) están estableciendo un proceso justo y eficiente para manejar las solicitudes de asilo en nuestras fronteras», dijo Alejandro Mayorkas, jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos en un comunicado, reseñó Noticias Univisión.
También se aclara que las personas que no sean elegibles, tendrán que someterse a un proceso de deportación acelerado y enviadas ante un juez de inmigración.
Beneficiados
Cabe destacar que, esta norma «solo beneficia a las personas que estén en procedimientos de deportación acelerada después del 31 de mayo de 2022».
«Se aplicará solo a adultos y familias que se encuentran en procedimientos de deportación acelerada e indican la intención de solicitar asilo, temor a la persecución o tortura, o temor a regresar a su país de origen, después de la fecha de vigencia de la regla», señala un comunicado de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
¿Cuándo inicia la Norma Final Provisional de Asilo?
El gobierno estadounidense anunció la nueva política de asilo el pasado 24 de marzo. Indicaron que entrará en rigor a partir de este martes 31 mayo.
Su objetivo es reducir los retrasos existentes en los tribunales de inmigración. Además, cortar a 90 días un proceso que puede durar entre tres y cuatro años resolverse.
