El juez negó in límine el recurso introducido por Rusconi, es decir, que ni siquiera se admitió discusión por no ajustarse a Derecho esa solicitud. Una fuente consultada por el diario El Clarín indicó que el sistema jurídico de Argentina y EEUU son distintos y que Emtrasur es una empresa privada constituida con fondos públicos, por lo que si quieren reclamar desde Venezuela deberían hacerlo ante Estados Unidos
Federico Villena, el juez argentino que lleva el caso del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde hace más de dos meses, rechazó una solicitud hecha por el abogado Maximiliano Rusconi para presentarse como representante de la administración de Nicolás Maduro y de la empresa dueña de la aeronave, Emtrasur, en el caso del avión retenido en ese país y que la justicia de la nación sudamericana admitió la solicitud de Estados Unidos para incautarlo.
El 17 de agosto, el Ejecutivo venezolano hizo una manifestación formal ante la justicia argentina para intentar revertir la decisión que pesa sobre el avión retenido. CNN indicó el sábado 20 que el abogado visitó Venezuela en días pasados y asesoró a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al canciller, Carlos Faría, sobre el caso.
Según el documento firmado por el abogado Gabriel Palmeiro —socio del estudio de Rusconi—, que actúa en virtud de un poder conferido por el presidente de Emtrasur en Venezuela y por el procurador general del país, Reinaldo Muñoz, la retención de la aeronave «representaría una arbitraria injerencia en el patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía».
La negativa de Villena fue in limine, es decir, que ni siquiera se admitió discusión por no ajustarse a Derecho esa solicitud.
Fuentes consultadas por el diario El Clarín indican que el juez rechazó el argumento presentado por Rusconi, que hablaba de que el Tratado de Asistencia Jurídica entre la Argentina y EEUU es solo para cuestiones penales y el reclamo de la justicia norteamericana es del fuero comercial.
“El sistema jurídico norteamericano es distinto al argentino. Los delitos que imputa la Justicia norteamericana por el avión tienen una pena de hasta 20 años de prisión. Por lo tanto, son penales. Sería como contrabando para el código penal argentino”, contó la fuente.
Esa misma persona agregó que Emtrasur es una empresa privada que se constituyó con fondos públicos y por ende no es del Estado venezolano. Ahora, planteó que el caso sería distinto si la aeronave estuviera adscrita a la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, sea cual sea el caso, «que los abogados de Venezuela «reclamen ante la justicia de EEUU», continuó.
Maximiliano Rusconi es un abogado argentino que ha defendido a varios políticos kirchneristas acusados de corrupción y otros crímenes, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido; al principal testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez; y al técnico informático Diego Lagomarsino, procesado por la muerte del fiscal del fiscal Alberto Nisman, indicó Monitoreamos.
Medios argentinos reportaron la tarde del jueves 11 de agosto que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó incautar el avión 747-300 propiedad de Emtrasur, la filial de carga de la aerolínea venezolana Conviasa, por exigencias de Estados Unidos en relación a supuestas actividades vinculadas con el terrorismo, según los alegatos presentados desde que la nave fue retenida en Buenos Aires la primera semana de junio.
Según el diario La Nación, la fiscal Cecilia Incardona apoyó la solicitud de EEUU y el juez Villena determinó que el avión quede a disposición de su juzgado y del juez federal de Washington, DC, Michael Harvey.
Con información de Tal Cual
