Expertos aseguran que Joe Biden cambiaría la política de EE.UU. hacia Venezuela

Tanto Biden como Trump apoyan una transición democrática en Venezuela, a través de elecciones “libres y justas” que permita reconstruir la economía de la antigua potencia petrolera, en caída libre desde la llegada al poder de Maduro en 2013.

Pero hay diferencias en cómo propiciar esos cambios, indicaron el viernes 22 de agosto analistas consultados por Latin American Advisor, una publicación del centro de reflexión Diálogo Interamericano con sede en Washington.

Biden “rechaza el enfoque fallido de la administración Trump de sanciones unilaterales en lugar de un enfoque de política multilateral integral para Venezuela”, dijo Juan González, que fungió como subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Barack Obama.

Esto es “una distinción importante”, afirmó Laura Carlsen, especialista del Centro de Investigación Económica y Política (Cepr), porque “podría llevar a una revisión de las sanciones actuales”.

Aunque Canadá y la UE también emitieron medidas punitivas contra Maduro y su Gobierno bajo acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos, la batería de sanciones de Estados Unidos para presionar la salida de Maduro incluye en particular un embargo al crudo venezolano. Y numerosas acciones contra su aliado Cuba.

Carlsen también sostuvo que con un Ejecutivo demócrata, Estados Unidos tendría mayor disposición a negociar para resolver la crisis venezolana.

“Aunque Biden se ha mostrado escéptico del diálogo, como presidente también se vería obligado a escuchar los llamados al diálogo y al involucramiento de la ONU que apoyan potencias regionales como México y Argentina”, dijo.

Para Ray Walser, diplomático retirado y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall, con Biden “es probable que se ponga un nuevo énfasis en trabajar con el Grupo de Lima y otros para aislar a Maduro y abordar una grave crisis humanitaria y de refugiados”.

El Grupo de Lima fue creado en 2017 por una mayoría de países latinoamericanos y Canadá para buscar una solución pacífica a la situación en Venezuela, que en los últimos años llevó a abandonar el país a unos cinco millones de personas, la mayoría a países vecinos, según la ONU.

La UE y naciones europeas y latinoamericanas también formaron con ese fin en 2019 el Grupo de Contacto Internacional.

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