La denuncia fue canalizada a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), organismo encargado de recibir reportes vinculados a fraude, chantaje y extorsión en línea.
Un grupo de venezolanos residenciados en Estados Unidos denunció ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) un presunto esquema de extorsión digital operado desde territorio estadounidense por una banda a la que denominan Banda de Extorsión Digital.
La denuncia fue canalizada a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), organismo encargado de recibir reportes vinculados a fraude, chantaje y extorsión en línea.
De acuerdo con la información presentada, los señalados son José Alberto Pérez Villalobos, asociado a las cuentas @joseperezv24 y @joseperezv24of; Pedro Eduardo Rojas Arguello @pedrorojas_ve y Juan Carlos Rincón Martínez, @juancrinconm82_.
Según lo expuesto, los tres operarían desde distintos estados de Estados Unidos, incluyendo Florida, Texas y Georgia, manteniendo una dinámica sostenida en redes sociales.
El patrón descrito no corresponde a hechos aislados. Parte de la publicación de señalamientos directos, continúa con la difusión sistemática del contenido y evoluciona hacia un escalamiento progresivo mediante referencias a instituciones, organismos públicos y afirmaciones sobre supuesta capacidad de influencia. En ese contexto, los mensajes incluyen menciones a entidades en Estados Unidos y advertencias sobre posibles consecuencias, incluso en materia migratoria.
Las advertencias, según lo expuesto, no se limitan a funcionarios venezolanos. También alcanzan a ciudadanos particulares, terceros y personas con estatus legal en Estados Unidos. De acuerdo con los denunciantes, los involucrados proyectan capacidad de incidir en instituciones como el Congreso, agencias migratorias y organismos federales, lo cual —afirman— puede verificarse directamente en sus publicaciones, donde etiquetan entidades y sostienen tener acceso o influencia.
El esquema, sin embargo, no se agota en la exposición pública. Conforme a lo señalado, tras la difusión del contenido se desarrolla una segunda fase fuera del entorno visible de las redes. En ese punto, terceros no identificados establecen contacto con las personas afectadas y plantean la posibilidad de detener la difusión, eliminar contenidos o cesar los señalamientos.
Ese contacto tendría un objetivo específico: la negociación de pagos. Dichos pagos, según la denuncia, no se canalizan a través de vías tradicionales, sino mediante criptomonedas y mecanismos digitales que reducen la trazabilidad de las operaciones. De esta forma, la dinámica pasa de la exposición pública a la monetización privada, configurando un circuito que integra contenido, difusión, presión, contacto y cobro, según describen los denunciantes.
Uno de los elementos centrales del caso es el presunto uso fraudulento del sistema migratorio estadounidense. De acuerdo con lo expuesto, los señalados habrían salido de Venezuela sin restricciones legales ni condición de perseguidos políticos, para posteriormente desarrollar desde el exterior la actividad por la cual fueron denunciados.
En el caso de Pedro Eduardo Rojas Arguello, se indica que no registra movimientos migratorios de entrada o salida en el sistema venezolano. Juan Carlos Rincón Martínez, según los registros consultados, figura aún dentro del país. Por su parte, José Alberto Pérez Villalobos salió de Venezuela en el año 2014 sin órdenes de aprehensión ni procesos judiciales en curso.
Conforme a los denunciantes, las actuaciones judiciales que posteriormente surgieron en Venezuela no precedieron a su salida del país, sino que derivaron de hechos generados desde el exterior.
Bajo esa lógica, dichos elementos habrían sido incorporados en expedientes migratorios para sustentar solicitudes de asilo, protección, residencia y eventual nacionalidad en Estados Unidos.
Adicionalmente, se sostiene que esta dinámica habría sido replicada mediante la oferta de “servicios” a terceros, consistentes en la construcción de narrativas similares a partir de elementos presuntamente falsos, con la finalidad de estructurar expedientes migratorios y alegar persecución política.
El caso adquiere especial relevancia en el contexto del restablecimiento de canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela, lo que abre la posibilidad de verificación directa de antecedentes, contraste de información y validación de datos contenidos en expedientes migratorios.
Los denunciantes sostienen que gran parte de los elementos descritos no requieren reconstrucción compleja, ya que se encuentran en contenido público disponible en las redes sociales de los involucrados, donde se evidencian las referencias a instituciones, las afirmaciones de influencia y la reiteración del patrón descrito.
En Estados Unidos, este tipo de conductas se encuadra dentro de los delitos investigados por el FBI en materia de cibercrimen, fraude y extorsión digital.
Con la apertura de mecanismos de verificación entre ambos países, la consistencia de estos casos deja de depender exclusivamente del relato y pasa a estar sujeta a contraste directo con información oficial.
Fuente Ultimas Noticias / Foto portada cortesia/ 08 marzo 2026
