AUSTIN.– En una medida judicial cautelar de emergencia, un juez federal estadounidense concedió este martes un amparo legal para frenar provisionalmente el proceso de remoción del territorio norteamericano de Wilber Rafael Garcés Pérez, ciudadano venezolano de 28 años de edad que resultó herido por un proyectil de arma de fuego accionado por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado domingo 20 de septiembre. El incidente violento se registró en la zona norte de la ciudad de Austin mientras el migrante laboraba repartiendo pedidos a través de la plataforma móvil DoorDash.
La abogada especialista en litigios migratorios, Kate Lincoln-Goldfinch, encargada de la representación legal del afectado, oficializó el fallo judicial mediante una declaración difundida en sus plataformas digitales oficiales (@AttorneyKateLG). En el mensaje audiovisual, la jurista precisó que su representado «aún tiene la bala alojada en el cuerpo», confirmando además la interposición formal de una demanda ante las instancias judiciales federales. De acuerdo con lo estipulado por el magistrado asignado al expediente, la comparecencia física del imputado resulta de carácter obligatorio para la primera vista del caso fijada para el próximo miércoles 30 de septiembre, dictamen que impide de manera tajante su expulsión del país mientras el litigio permanezca abierto.
Irregularidades procesales y la postura de las autoridades federales
La defensa técnica fundamenta la estancia legal del ciudadano venezolano sosteniendo que Garcés Pérez efectuó su ingreso a Estados Unidos de forma regular durante el transcurso del año 2024 mediante la herramienta oficial CBP One, tramitando formalmente una solicitud de asilo y contando con una autorización laboral plenamente vigente. La representación jurídica aclaró que la orden final de expulsión dictada previamente en ausencia se derivó de una falla administrativa recurrente del sistema judicial migratorio, puesto que las citaciones judiciales fueron despachadas hacia una dirección domiciliaria previa, a pesar de que el usuario había notificado oportunamente el cambio de su residencia ante los registros del tribunal. Asimismo, se ratificó que el agraviado carece de registros o antecedentes penales y que ejercía labores para proveer apoyo económico a su hijo, quien presenta una condición de discapacidad y reside en Venezuela.
Por su parte, voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han catalogado al migrante como un «ilegal alien» sujeto a una medida definitiva de remoción, argumentando que la detonación del arma de fuego sobrevino tras una persecución a pie originada por el desacato del ciudadano a las órdenes de los oficiales. Dicha versión entra en directa contradicción con los señalamientos emitidos por el propio afectado y su equipo defensor, quienes aseveran que agentes a bordo de una unidad automotriz sin identificación institucional ni rotulado visible embistieron su vehículo y procedieron a disparar a través de la luneta trasera sin haberse identificado previamente como efectivos policiales.
Situación médica, denuncias de maltrato e indignación comunitaria
Tras la agresión armada en la que sufrió una herida penetrating en el torso que le ocasionó una fractura en la clavícula, Garcés Pérez fue conducido al centro médico Dell Seton, de donde fue dado de alta pocas horas después de su ingreso pese a mantener el proyectil incrustado en su anatomía. Acto seguido, fue trasladado de inmediato bajo custodia federal hacia las instalaciones del centro de procesamiento de detención ubicado en Pearsall, Texas. Su abogada ha denunciado públicamente la privación de medicamentos analgésicos para paliar el dolor, tratos crueles durante los traslados terrestres y reiteradas trabas informativas impuestas a sus familiares directos durante todo el procedimiento.
El desarrollo de los acontecimientos ha derivado en una oleada de manifestaciones cívicas en las calles de Austin, acompañadas por exigencias de congresistas, legisladores locales y organizaciones defensoras de derechos humanos para que se aperture una investigación penal independiente sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales. Entre tanto, la letrada Lincoln-Goldfinch aseveró que mantendrá los recursos legales activos para garantizar que su defendido permanezca junto a su esposa en la localidad texana mientras se esclarece el procedimiento migratorio y se deslindan las responsabilidades legales derivadas del operativo armado.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Sucesos e Internacionales | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 23 de septiembre de 2026
