LA HAYA.– Los procedimientos correspondientes al expediente «Venezuela I» ante la Corte Penal Internacional (CPI) continúan su trámite formal bajo el marco normativo del Estatuto de Roma. De acuerdo con el análisis de especialistas en derecho internacional, tanto la sustitución en la jefatura de la Oficina del Fiscal como el anuncio formulado por el Ejecutivo venezolano relativo a la renuncia al tratado supranacional se inscriben dentro de los supuestos regulados por la propia normativa de la corte, sin que ello suspenda las competencias del tribunal sobre las fases en desarrollo.
La causa, orientada a determinar eventuales responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad, se rige por las disposiciones procesales que garantizan la continuidad de las actuaciones independientes de los cambios en los titulares de los órganos judiciales.
Autonomía procesal y conducción técnica del expediente
Respecto a la desvinculación de Karim Khan del cargo de fiscal jefe, la organización Acceso a la Justicia indicó que la medida no altera el cronograma ni el desarrollo de las indagaciones. El codirector de la entidad, Alí Daniels, señaló que la sustanciación de la causa ha estado a cargo de los equipos técnicos y fiscales adjuntos asignados.
«La salida de Karim Khan no tiene ningún efecto sobre el caso Venezuela I porque desde hace ya varios meses Khan ya estaba separado de esa investigación», precisó Daniels, al explicitar que el trabajo operativo de la Fiscalía se mantiene estructurado sobre la base de los funcionarios de carrera designados para el expediente.
Marco normativo sobre la renuncia al tratado y antecedentes procesales
En relación con el procedimiento de denuncia del Estatuto de Roma, el artículo 127 del instrumento legal establece que la desvinculación formal de un Estado parte cobra efectividad un año después de efectuada la notificación ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Durante dicho periodo de doce meses, subsiste el deber de cooperación con el órgano jurisdiccional para todas las causas abiertas con anterioridad.
Asimismo, la doctrina procesal internacional señala que el retiro de un Estado no exime a la corte de su jurisdicción sobre los hechos acaecidos durante el tiempo en que la nación estuvo sujeta al tratado. Como antecedente de la aplicación de esta norma, se cita la causa seguida contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, donde los procedimientos continuaron su curso a pesar de la renuncia previa de ese país al Estatuto.
«Duterte en Filipinas denunció el Estatuto, pero en estos momentos está siendo juzgado por la Corte. Tenemos un caso claro donde la denuncia no tuvo mayor consecuencia en la investigación», explicó Daniels, quien también refirió el contexto diplomático multilateral derivado de las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, respecto al funcionamiento de la CPI. «Resulta curioso que la denuncia del Estatuto de Roma se haga días después que el secretario de Estado declarase que el Gobierno norteamericano iniciaría una campaña para desmantelar la CPI», observó.
Especialistas destacan que la vigencia del expediente responde a los mecanismos estipulados desde la adopción del Estatuto de Roma, del cual Venezuela fue país firmante original, garantizando que el curso de la causa responda estrictamente a los lapsos institucionales establecidos. «Esto no ayuda a fortalecer la justicia internacional, pero, a los efectos de la investigación, no tiene efecto práctico alguno», concluyó el jurista.
Por: Redacción Standard Digital News | Sección: Internacionales – Judicial | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 25 de julio de 2026
