SAN JOSÉ, COSTA RICA – En un giro histórico que marca el fin de la «excepcionalidad costarricense», la recién electa presidenta de Costa Rica ha confirmado que su administración implementará una estrategia de seguridad inspirada directamente en el modelo del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. La medida busca contener la escalada de violencia y la infiltración del crimen organizado que, en los últimos dos años, han disparado las tasas de homicidios a niveles sin precedentes en la nación centroamericana.
El anuncio marca el fin de la era de la «prevención pasiva» y sitúa a Costa Rica en la línea de la mano firme, una decisión impulsada por el clamor ciudadano ante el aumento histórico de la tasa de homicidios en 2025.
Laura Fernández ha sido clara: su gobierno no permitirá que Costa Rica se consolide como el «bodegón logístico» de los cárteles internacionales. La presidenta electa ya ha instruido a su equipo de transición para coordinar con expertos en seguridad que han operado bajo la doctrina de control territorial en El Salvador.
Los pilares del plan de Fernández:
- Saturación Policial: Despliegue inmediato de unidades tácticas en Limón, Puntarenas y barrios críticos de San José.
- Aislamiento Penitenciario: Propuesta para endurecer el régimen de visitas y comunicaciones para los cabecillas de bandas criminales, similar a las cárceles de máxima seguridad salvadoreñas.
- Justicia Expeditiva: Impulso de reformas legales para que la detención preventiva sea la norma en casos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
Un mandato de «Paz con Orden»
Para Fernández, la adopción de este modelo no es solo una táctica policial, sino una necesidad de supervivencia económica. El turismo, motor vital de la economía costarricense, ha comenzado a resentir la percepción de inseguridad, lo que obligó a la mandataria a buscar una solución de alto impacto.
«Costa Rica seguirá siendo el país de la ‘Pura Vida’, pero solo para los ciudadanos de bien. Para el criminal y el narcotraficante, seremos el país de la ley y el orden», afirmó Fernández tras sus primeros encuentros con el sector empresarial.
Retos y críticas institucionales
A pesar del amplio respaldo popular, la presidenta Laura Fernández enfrenta el desafío de implementar estas medidas en un marco jurídico que, a diferencia del salvadoreño, posee instituciones y contrapesos muy arraigados. Analistas advierten que la efectividad de su plan dependerá de su capacidad para negociar con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, evitando que la «mano firme» sea frenada por trabas burocráticas.
Con Laura Fernández al frente, Costa Rica entra en una etapa de realismo de seguridad, donde el objetivo primordial es arrebatarle el control de las calles a las mafias, incluso si eso significa sacrificar la histórica retórica del pacifismo institucional por una de eficacia inmediata.
Reacciones Internacionales y de Derechos Humanos
El anuncio ha generado un sismo en la región. Mientras sectores empresariales y comerciales aplauden la decisión como un paso necesario para reactivar la inversión extranjera y el turismo, organizaciones como Amnistía Internacional y diversos colectivos locales han expresado su preocupación por el posible debilitamiento de las garantías individuales.
Hacia una Alianza de Seguridad Regional
Fuentes cercanas al equipo de transición confirman que ya existen contactos con el gobierno de El Salvador para el intercambio de inteligencia y formación táctica de las unidades especiales de la Fuerza Pública costarricense. Costa Rica, que fue el faro de la paz en Centroamérica durante décadas, se prepara ahora para una guerra frontal contra el narco, redefiniendo su identidad política ante la emergencia criminal de 2026.
Por Redaccion SDNnews con informacion de agencia| fotos cortesia
