BOGOTÁ.– En un esfuerzo por contener la ola de zozobra generada en la comunidad internacional, el Gobierno de Colombia salió al paso este martes para ofrecer precisiones sobre el plan de repatriación forzada anunciado recientemente por el Ejecutivo. Las autoridades aclararon que los operativos de expulsión dirigidos contra extranjeros en situación irregular no impactarán a los ciudadanos venezolanos que ingresaron durante los momentos más álgidos de la crisis migratoria y que actualmente cuentan con estatus legal o mecanismos vigentes de protección.
El encargado de transmitir el mensaje institucional fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien buscó despejar las dudas generadas tras las directrices emitidas por el presidente Abelardo De La Espriella para la localización y posterior deportación de migrantes indocumentados.
Salvaguarda para la diáspora con estatus legal
Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, el jefe de la cartera del Interior detalló que la orden presidencial excluye de forma explícita a la masa poblacional que logró incorporarse a los marcos normativos del Estado colombiano en años anteriores.
Lara recordó que entre 2019 y 2021 arribaron al territorio neogranadino cerca de dos millones de connacionales venezolanos, de los cuales aproximadamente el 90 % consiguió tramitar su regularización formal, recibiendo acceso a la oferta de servicios públicos y sociales del país:
«El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis», aseveró enfáticamente el ministro, ratificando que dicho grupo «no son migrantes ilegales de ninguna manera».
Foco de los operativos: combate a la trata en el Darién
Según el vocero gubernamental, el verdadero espíritu de la nueva política de control fronterizo radica en desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada que lucran con el tráfico ilegal de seres humanos, especialmente en la franja selvática del Darién, ruta utilizada por el flujo migratorio que busca avanzar hacia Centroamérica y Norteamérica.
En ese sentido, el alto funcionario señaló de manera directa al Clan del Golfo entre los grupos armados que obtienen réditos económicos mediante la explotación de la vulnerabilidad de los transeúntes:
«Nos referimos es básicamente al tráfico, a la trata de personas, que tiene unas redes de criminales que operan particularmente en el Darién», explicó Lara.
Perfil de los ciudadanos expuestos a deportación
Tras las precisiones ministeriales, el alcance del decreto coordinado entre Migración Colombia y la Policía Nacional quedará circunscrito a dos supuestos específicos:
- Sujetos en condición irregular: Extranjeros que permanezcan en suelo colombiano sin haber tramitado o renovado ningún tipo de visado, permiso o régimen de protección.
- Personas vinculadas a ilícitos: Individuos de cualquier nacionalidad que se encuentren requeridos por la justicia o procesados por la comisión de actos delictivos en el país.
A pesar del matiz oficial, la determinación del Ejecutivo representa un viraje significativo en la postura histórica de acogida mantenida por Colombia durante los últimos años, despertando el recelo de organizaciones de derechos humanos que cuestionan el procedimiento operativo y las garantías del debido proceso previo a cualquier ejecución de expulsión.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Internacional – Migración y Política | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 25 de agosto de 2026
