La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en respaldo al memorando de entendimiento que suscribieron el Gobierno de Nicolás Maduro y la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer los mecanismos de cooperación. Ratificó su disposición de emprender las reformas y medidas necesarias para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en el país, así como para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de justicia
De acuerdo con el documento, el Parlamento ratificó su disposición de emprender las reformas y medidas necesarias para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en el país, así como para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de justicia.
«Acuerda respaldar el memorando de entendimiento entre Venezuela y la Corte Penal Internacional (…) y exhortar a los órganos del sistema de justicia a redoblar sus esfuerzos para investigar y sancionar los hechos que pudieran constituir violaciones graves a los derechos humanos», señala el acuerdo aprobado por los parlamentarios.
Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron el miércoles 3 un memorando de entendimiento constituido por cuatro puntos en los cuales las partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio del país caribeño.
Además, el documento señala que las partes deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma; y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado.
De igual manera, Khan determinó abrir una investigación a Venezuela, tras culminar el examen preliminar que adelantaba ese organismo a esta nación por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.









