CARACAS / LA HAYA – La relación institucional entre el Estado venezolano y la justicia supranacional ha llegado a un punto de quiebre definitivo. El Ejecutivo nacional oficializó su decisión irrevocable de abandonar el máximo tribunal de justicia internacional, en una jugada política que desafía los procedimientos abiertos en La Haya y reaviva el debate en torno a los límites de la jurisdicción global frente a la soberanía de las naciones.
La medida, ordenada directamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue notificada formalmente ante las altas instancias de las Naciones Unidas. A través de un comunicado difundido en plataformas digitales por el canciller Félix Plasencia, se confirmó que el gobierno venezolano comunicó a António Guterres, secretario general de la ONU, la «decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma», instrumento jurídico que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).
Señalamientos de «sesgo geográfico» e instrumentalización política
Desde la perspectiva del Palacio de Miraflores, la salida del organismo responde a vicios estructurales en el sistema de impartición de justicia internacional. El comunicado oficial asevera que la CPI ha evidenciado un claro «sesgo geográfico», argumentando que ha concentrado su labor investigativa de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina, en detrimento de los intereses del sur global.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», apuntó el canciller Plasencia.
Asimismo, el Ejecutivo calificó las actuaciones del tribunal como una dimensión de lawfare —guerra jurídica—, sosteniendo que las investigaciones no obedecen a un proceso neutral, sino a intereses geopolíticos ajenos a la protección de los derechos humanos. Pese a la ruptura, el gobierno ratificó en su texto un presunto «compromiso con una justicia genuinamente equitativa y respetuosa de la soberanía».
El trasfondo de las investigaciones y las tensiones previas
La confrontación entre Caracas y La Haya no es reciente. La Fiscalía de la CPI mantenía abierta una investigación formal sobre Venezuela desde el año 2021, fundamentada en elementos que apuntaban a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo expedientes sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
La tensión escaló drásticamente en diciembre de 2025, cuando el tribunal internacional decidió cerrar su oficina técnica en Caracas tras denunciar una persistente «falta de progreso real» en los procesos judiciales internos. En sintonía con esta escalada, el Parlamento nacional aprobó recientemente un proyecto de ley orientado a derogar el Estatuto de Roma, catalogando a la corte de estar «instrumentalizado por el imperialismo».
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
Venezuela…
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
La respuesta de La Haya: permanencia de obligaciones por un año
Ante el anuncio de retirada, la Corte Penal Internacional emitió una postura oficial lamentando profundamente la decisión adoptada por el Estado venezolano. El organismo internacional advirtió que la denuncia formal del tratado no surte efectos jurídicos de manera inmediata.
Conforme a las normativas que rigen el Estatuto de Roma, Venezuela continuará formalmente vinculada al tribunal durante un período de un año, lapso en el cual el país mantiene inalterables sus obligaciones de cooperación jurídica, así como el deber de responder ante las investigaciones y procedimientos procesales que ya se encuentran en curso en los despachos de los magistrados.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Política – Internacionales – Judicial | Con información de Agencias / Fotos cortesía | 24 de julio de 2026
