Smartmatic, una multinacional de origen venezolano, ha sido el proveedor de la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004, incluyendo la elección del domingo para la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, en el caso de la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, fundamentales como testigos del proceso, explica la firma, que tenía entre sus responsabilidades la totalización de los votos
Smartmatic, denuncia «manipulación» en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega
Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic.
La multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico reclama unos 1.500 millones de dólares a Venezuela por «un fraude» en 2017 y la expropiación de activos, informó este martes el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
La demanda de arbitraje se produce por las votaciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que tomó las atribuciones del Parlamento cuando estaba controlado por la oposición. La compañía Smartmatic, que suministró la tecnología para llevar a cabo esos comicios, acusó a las autoridades electorales venezolanas de «manipular» los resultados para inflar la participación en medio de alta abstención, un señalamiento que estas negaron.
«La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en relación a un fraude electoral» y «activos expropiados a la empresa», según una nota publicada por la web de la revista del CIAR, con base en Madrid.
Un directivo de Smartmatic dijo en agosto de 2017 que el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 8,1 millones de votantes, sobre 19,4 millones convocados, habría sido «manipulado», provocando una variación que podría superar el millón de votos.
Fundada por venezolanos a finales de la década de 1990 y parte de SGO Corporation Limited desde 2014, la compañía denunció después la expropiación de activos que habrían sido utilizados por otra empresa proveedora de tecnología electoral en Venezuela desde entonces, la argentina ExCle.
En su petición de arbitraje, SGO sostiene que Venezuela emprendió una «campaña de persecución» contra esa compañía que incluyó «hostigamiento» y «amenazas» contra empleados para «forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos».
Asegura, además, que hubo «retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales».
Igualmente, la trasnacional destaca «la expropiación» de activos «tangibles e intangibles» de Smartmatic para «beneficiar a otra empresa extranjera».
Smartmatic trabajó en elecciones en el país sudamericano entre 2004 y 2017.
Los cuestionamientos a las votaciones en Venezuela llegaron al cénit con el desconocimiento por parte de un sector de la oposición y más de medio centenar de países, entre estos Estados Unidos, de la reelección del presidente socialista Nicolás Maduro en 2018.
