CARACAS.– El gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fijó una postura de absoluto rechazo frente a la ratificación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La postura oficial fue ratificada este martes tras la aprobación de una nueva resolución impulsada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el desarrollo de su 63.º período ordinario de sesiones celebrado en Ginebra, Suiza.
Durante su derecho a palabra en la tribuna internacional, la delegación diplomática venezolana comenzó por ponderar la incorporación de «modificaciones importantes respecto de resoluciones anteriores». Sin embargo, la representación nacional fue tajante al disentir de la resolución final adoptada por el organismo multilateral, sosteniendo que la flexibilización formal del documento de trabajo no altera la postura de fondo adoptada por el Estado venezolano ante la supervisión externa de sus asuntos internos.
«Ello no significa, sin embargo, que hayan desaparecido nuestras reservas de principio. Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos», expresó de forma enfática el portavoz de la delegación durante su intervención. En este sentido, la representación diplomática instó al foro multilateral a «superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido», abogando en su lugar por «avanzar hacia modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto».
Argumentación sobre la cooperación y alcance de la votación internacional
El eje central de la argumentación esgrimida por la comitiva oficial reside en la reactivación de las relaciones institucionales con la representación en el terreno del Alto Comisionado de la ONU. Según la diplomacia nacional, «Venezuela ha reanudado su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado», por lo cual la administración estatal considera que «resulta difícil justificar la continuidad simultánea de mecanismos paralelos de seguimiento». En función de ese argumento, el país solicitó formalmente que la prórroga aprobada «contemple una perspectiva clara para su terminación», además de proponer «avanzar hacia una cláusula que permita una transición hacia un esquema basado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica».
Pese a que los representantes venezolanos puntualizaron que la nación «no evade el diálogo» y ratificaron su convicción en los «mecanismos universales», remarcaron categóricamente que la resolución carece de «consentimiento, apoyo o aceptación explícita o implícita por parte de nuestro país». La medida parlamentaria del organismo multilateral se aprobó con un saldo de 25 votos favorables, 5 votos en contra y 17 abstenciones, garantizando la operatividad del grupo investigativo hasta el año 2028. Aunque el documento del Consejo reconoció de manera explícita el restablecimiento de los lazos de trabajo con la oficina técnica, la resolución volvió a alertar sobre la persistencia de graves transgresiones e irregularidades en el territorio nacional.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Internacional y Política | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 6 de octubre de 2026
