BOGOTÁ.– Las recientes directrices en materia migratoria anunciadas por el presidente colombiano Abelardo de La Espriella han encendido las alarmas entre la comunidad venezolana radicada en la nación vecina. La disposición gubernamental de expulsar a quienes no cuenten con estatus legal en el país ha generado zozobra, pánico y dudas sobre el alcance de las medidas en la población refugiada.
César González, abogado especialista en materia de movilidad humana asentado en suelo neogranadino, confirmó la magnitud del impacto emocional y legal que ha tenido el anuncio institucional en la comunidad extranjera:
«La preocupación es muchísima. No hemos podido ni contabilizar la cantidad de personas que nos han llamado para ver cuáles son sus opciones».
Colombia se posiciona como el principal país de acogida para el éxodo venezolano en el hemisferio, albergando a más de 2,8 millones de ciudadanos de ese origen —de los casi siete millones que abandonaron su patria en la última década—. Según registros de Migración Colombia, más de 527.000 personas de esa nacionalidad permanecen actualmente en condición de irregularidad.
Retos operativos y vacíos en el control fronterizo
Frente al alcance operativo de la orden del Ejecutivo, la autoridad migratoria colombiana aclaró que se encuentra a la espera de la toma de posesión formal de su nuevo director, funcionario que asumirá la ejecución de los procedimientos de fiscalización, regularización y eventuales repatriaciones forzadas.
No obstante, expertos en política internacional cuestionan la efectividad real de estas acciones punitivas. Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, recordó la complejidad geográfica que entraña una frontera común de más de 2.200 kilómetros repleta de pasos informales:
«El Estado colombiano, a diferencia de otros países que pueden jugar un poco con la dinámica de la contención o incluso de la expulsión, no tiene capacidad para hacer eso. Más se demora y más gasta el Estado colombiano en trasladarlos hasta la zona de frontera y entregar a las autoridades migratorias, que esa persona en volver».
Exigen vías de regularización e inclusión social
Desde el sector de las organizaciones no gubernamentales y de asistencia humanitaria, se hace un llamado urgente a priorizar la integración legal antes que la criminalización. Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, enfatizó la necesidad de reabrir mecanismos de flexibilización documental, dado que el Estatuto Temporal de Protección lleva más de tres años clausurado:
«No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización, porque recordemos que el Estatuto Temporal de Protección se encuentra cerrado desde hace más de tres años».
Coincidiendo con este enfoque, analistas subrayan la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables de la población flotante, registrándose más de 193.000 menores de edad en situación migratoria precaria que requieren tutela prioritaria de sus derechos fundamentales.
Alerta ante el repunte de brotes xenófobos
La retórica oficial ha despertado además el temor a un incremento de la discriminación y el rechazo social en las calles del país vecino. Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, advirtió sobre las consecuencias del discurso punitivo:
«Obviamente esto dispara la xenofobia porque la gente no mide cuando habla del tema de deportar».
En ese sentido, defensores de derechos humanos insisten en desligar el fenómeno de la movilidad humana de los índices delictivos.
«Está demostrado en cifras que la criminalidad no se relaciona con los migrantes», aseveró García.
La zozobra de la comunidad de expatriados se profundiza al constatar que las opciones de reubicación se reducen en la región, en medio del endurecimiento de las políticas fronterizas impulsadas por gestiones gubernamentales recientes en naciones como Chile, Perú y Ecuador.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Internacional – Migración y Política | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 25 de agosto de 2026
