MADRID.– Durante la sesión de cuestiones previas celebrada este miércoles 21 de octubre en la Audiencia Nacional de España, la Fiscalía Anticorrupción, bajo la representación del fiscal Juan José Rosa, solicitó formalmente mantener el juicio contra la ingeniería ibérica Duro Felguera. El Ministerio Público español sostuvo que la corporación ejecutó un «plan corruptor unitario» concebido para obtener la adjudicación del contrato de construcción de una central termoeléctrica en Caracas durante la crisis energética en Venezuela, desestimando de plano las peticiones de nulidad introducidas por los abogados defensores.
El proceso penal busca esclarecer el presunto pago de dádivas e incentivos económicos irregulares a altos exfuncionarios del Gobierno venezolano para asegurar las contrataciones del sector energético. Frente a los alegatos presentados por las defensas de los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa —quienes solicitaron anular la causa argumentando la prescripción de los hechos, irregularidades en la cadena de custodia de un dispositivo de memoria anónimo y la supuesta ilegalidad de los registros—, la representación fiscal aseveró que los procedimientos se ajustaron a los convenios internacionales y al marco legal vigente.
Validez de las comisiones rogatorias, cadena de custodia y vigencia penal
Respecto al origen de la investigación, el fiscal Rosa defendió la legalidad de la comisión rogatoria tramitada ante las autoridades del Principado de Andorra, mediante la cual se remitió un volumen significativo de documentación bancaria que sustenta el pliego acusatorio. Asimismo, desacreditó los señalamientos sobre fallas en la custodia de las pruebas derivadas de denuncias anónimas recibidas en la sede fiscal, señalando que la actuación del órgano querellante estuvo apegada a derecho. «No hubo oscurantismo (…). Es un vicio que tienen los ciudadanos de denunciar», ironizó el fiscal para ratificar que la institución limitó su actuación al cumplimiento de sus deberes legales.
En relación con el alegato de prescripción invocado por la representación legal de la compañía asturiana —basado en que la firma del contrato original se remonta al año 2008—, la Fiscalía precisó que las conductas delictivas asociadas al esquema de corrupción se mantuvieron en ejecución continua hasta 2011, período en el cual la legislación penal española ya contemplaba la responsabilidad jurídica de las empresas. Por otra parte, Anticorrupción descartó la existencia de cosa juzgada en los tribunales de Venezuela o Andorra, aclarando que en dichos expedientes no coinciden la totalidad de los procesados ni la tipificación de los delitos imputados.
Decisiones del tribunal y testimonios de la Unidad de Delitos Económicos
Tras escuchar las argumentaciones de las partes, el magistrado presidente del tribunal, Alfonso Guevara, admitió la totalidad de las pruebas propuestas durante las cuestiones previas y difirió la resolución final de las nulidades planteadas para el texto definitivo de la sentencia. La jornada judicial incluyó además la declaración de un funcionario de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional española que participó directamente en las indagaciones operativas.
El agente policial confirmó la trazabilidad de las transferencias financieras efectuadas entre los investigados para perfeccionar el presunto esquema de cohecho. A preguntas de la representación legal de Nervis Villalobos, el investigador admitió que no se profundizó en las capacidades operativas de la firma intermediaria Terca, calificándola como una sociedad instrumental o «cascarón». El funcionario puntualizó que el proyecto termoeléctrico se tramitó mediante un decreto de emergencia dictado por la crisis del sistema eléctrico venezolano, mecanismo que exceptuaba la concurrencia de licitaciones públicas, al tiempo que indicó desconocer si el fallecido mandatario Hugo Chávez tuvo participación en el cobro de comisiones.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Internacional y Judicial | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 21 de octubre de 2026
