Canadá denunció el martes en la ONU, en nombre de unos 40 países, la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang y en Hong Kong, mientras que Pekín respondió pidiendo una investigación sobre las violaciones de los derechos de los pueblos autóctonos canadienses.
La declaración conjunta sobre China, leída por Canadá ante el Consejo de Derechos Humanos –el máximo órgano de la ONU en esta materia–era esperada desde hace varios días por muchos diplomáticos y ONGs en Ginebra, lo que dio a Pekín tiempo para preparar su defensa.
«Estamos gravemente preocupados por la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Informes creíbles indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente en Xinjiang y que existe una vigilancia generalizada que afecta de forma desproporcionada a los uigures y a los miembros de otras minorías, así como restricciones a las libertades fundamentales y a la cultura uigur», declaró la embajadora de Canadá ante la ONU, Leslie Norton.
Pekín niega esta cifra y habla de «centros de formación profesional» para favorecer el empleo y combatir el extremismo religioso.
La declaración, firmada por unos 40 países, entre ellos Estados Unidos y Francia, pide a China que dé «acceso inmediato, significativo y sin obstáculos a Xinjiang a los observadores independientes, incluido la Alta Comisionada».
«Por último, seguimos profundamente preocupados por el deterioro de las libertades fundamentales en Hong Kong en virtud de la Ley de Seguridad Nacional y la situación de los derechos humanos en el Tíbet», dijo Norton.
China ya había sido señalada en una declaración anterior por decenas de países por la situación de los uigures y otras minorías en Xinjiang.
En una primera respuesta a Canadá, un representante chino leyó una declaración conjunta –en nombre de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela, Irán, Siria y Sri Lanka, según la ONU– sobre las «graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos autóctonos en Canadá».
La declaración se refiere al reciente descubrimiento de los restos de 215 niños cerca de un antiguo pensionado gestionado por la iglesia católica en el oeste de Canadá y pide que se investiguen todos los casos «en los que se hayan cometido delitos contra los pueblos autóctonos».
Según la declaración «entre la década de 1830 y la de 1990, más de 150.000 niños aborígenes de Canadá fueron supuestamente separados de sus padres por la fuerza».
También expresaron su «profunda preocupación por la discriminación de los inmigrantes en Canadá y el trato inhumano que reciben en los centros de detención canadienses».
El representante de Bielorrusia leyó otra declaración conjunta, «en nombre de 64 países, apoyando a China y subrayando que Hong Kong, Xinjiang y Tíbet son «asuntos internos de China».
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