Fue un compromiso de su campaña pero ahora el presidente no coopera con las pesquisas del Capitolio
Como candidato, Joe Biden prometió que cerraría el penal de la base de Guantánamo, que en campaña describió como «un reclamo para formar más terroristas». Sin embargo, justo antes de Navidad el actual presidente de Estados Unidos ratificó una ley de gasto en Defensa que hace imposible que pueda cumplir esa promesa, ya que dificulta sobremanera el uso de fondos públicos para transferir a varios prisioneros de la guerra del terrorismo a otros países o a suelo estadounidense para que sean juzgados en cortes de justicia civil.
Según lamentó Biden en un comunicación oficial, «estas disposiciones menoscaban indebidamente la capacidad del poder ejecutivo de determinar cuándo y dónde procesar a los detenidos en la base de Guantánamo y dónde enviarlos cuando sean liberados».
El 11 de enero de 2022 se cumplen 20 años de la llegada de los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo a la base naval de Guantánamo, que EE.UU. tomó en suelo cubano tras la guerra que perdió España en 1898. Desde entonces, la Armada estadounidense opera en ese espacio de 117 kilómetros cuadrados, en el que George W. Bush construyó un penal con varios centros de detención con distintos grados de seguridad, incluido uno de aislamiento en el que están los ideólogos de los ataques terroristas del 11-S, como el kuwaití Khaled Sheik Mohammed.
Han pasado por ese penal 780 personas, de las que quedan hoy apenas 39. El resto han sido transferidas a otros países. Los que quedan están todavía a la espera de juicio final. La intentona del Gobierno de Barack Obama, del que Biden era vicepresidente, de transferir a aquellos que quedan a suelo estadounidense para ser juzgados fue boicoteada por los republicanos y algunos demócratas en el Capitolio.
Donald Trump también expresó malestar con Guantánamo, pero no por las acusaciones de tortura y maltrato a prisioneros, sino por el coste anual de mantener el penal, que según él mismo dijo alcanza los 13 millones de dólares (11 millones de euros) por detenido. Cierto es que el expresidente nunca prometió cerrar el penal y hasta en ocasiones se refirió a él como un buen sitio «al que enviar a tipos malos».
Los primeros detenidos del penal llegaron cuando este aún no estaba acabado, y por eso fueron encerrados en unas jaulas a la intemperie, conocidas en su conjunto como «Campo Rayos X». Los presos llevaban monos anaranjados, iban encapuchados, con las manos esposadas en el regazo. Las fotos con ellos de rodillas, facilitadas por el Pentágono, provocaron una polémica sobre posible maltrato y tortura que solo ha ido en aumento. Los abogados de varios presos, muchos de los que fueron liberados y organizaciones internacionales como la Cruz Roja han denunciado trato degradante a estos reos en los interrogatorios, sobre todo los que ha conducido la CIA, la agencia de Inteligencia. La Administración Bush permitió esos duros interrogatorios durante la llamada guerra contra el terrorismo que sucedió a los ataques del 11-S.
Testimonio de torturas
Recientemente, a finales de octubre de 2020, uno de esos detenidos pudo testificar por primera vez ante la justicia militar de EE.UU. sobre su supuesta tortura a manos de la CIA.
Majid Khan es de Pakistán, pero residía en la ciudad de Baltimore cuando fue detenido. Se le acusó de ser mensajero para Al Qaida. Fue retenido en varios sitios secretos de la CIA hasta que llegó a Guantánamo en 2006. Durante otros seis años se le mantuvo en aislamiento, sometido a interrogatorios de la CIA. Según dijo, estos, antes y después de llegar a Guantánamo, incluyeron intimidación, amenazas y tortura como quedar suspendido desde el techo o ser sometido al ahogamiento fingido, lo que se conoce en inglés como ‘waterboarding’. Tras declararse culpable, Khan fue sentenciado a 26 años. El grueso del resto de detenidos todavía espera cargos.
En este asunto, como en otros, la Casa Blanca de Biden ha provocado una gran insatisfacción en ambos partidos de EE.UU. Uno de los últimos asuntos que trató la comisión de Justicia del Senado antes del receso navideño fue el cierre del penal. Invitaron a la Presidencia a que enviara a un testigo, algo a lo que Biden se negó. «La verdad, ni siquiera estoy seguro de que tengan un plan para cerrarlo», dijo el senador republicano Chuck Grassley.
Fuente ABC internacional
