Según las partes, se acordó que «no haya ningún beneficio a importadores, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes».
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barbosa, se reunieron por segunda vez para poner fin a las diferencias sobre la estrategia gubernamental conocida como ‘paz total‘ para desarmar a distintos grupos armados ilegales, y muy criticada por el jefe del ente investigador.
Según un comunicado de Presidencia, en la reunión se atendieron las dudas de Barbosa frente al proyecto de ley, y se acordaron «mesas técnicas para un trabajo conjunto».
En el encuentro de casi tres horas, Petro reafirmó a Barbosa que el proyecto gubernamental tiene «el firme propósito de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico».
Las diferencias de la Fiscalía con el Ejecutivo han creado un ambiente de tensión en Colombia con respecto a un tema transversal para la política social y económica del país, que es lograr el fin del complejo conflicto armado interno a través del diálogo.
Penas de cárcel
En la reunión con Barbosa, que considera que las penas de cárcel eran demasiado flojas con los criminales, el mandatario dejó claro que el proyecto contempla que a los jefes de la estructura armada organizada de crimen del alto impacto se les imponga una sentencia de seis a ocho años de cárcel sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio.
Después, se pasaría «a un periodo de cuatro años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración».
El texto prevé la protección de los cultivadores de la hoja de coca, el eslabón más débil de la cadena, a través de una estrategia integral que termine por descriminalizar su actividad.
«Modernizar y humanizar»
Otro de los temas fue el asunto de «modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria para que las cárceles se conviertan en espacios de vida, educación, dignidad, oportunidades, arrepentimiento y reparación a las víctimas«.
Barbosa, quien llegó a decir que el Gobierno buscaba «legalizar» toda la cadena criminal del narcotráfico, afirmó que en la reunión se acordó que «no haya ningún beneficio a importadores, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes en Colombia, sino solo al pequeño cultivador, que era el origen de esa disposición».
«Aquellos que quisieron incluir esto, quedan si esa herramienta, porque Colombia no va a permitir que se beneficie de esa manera esa cadena del narcotráfico y en eso coincidimos con el presidente de la República», añadió.
Barbosa también aseguró que no se despenalizarán los delitos de injuria, calumnia, incesto e inasistencia alimentaria.
Por otro lado, se decidió continuar las reuniones semanales entre delegados de la Fiscalía y de la Fuerza Pública para consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas.
