La Corte Penal Internacional (CPI) publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“Vprs”) que recopiló las opiniones e inquietudes de las víctimas venezolanas en apoyo a la solicitud del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI recibió 1,746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos correspondientes a aproximadamente a 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones.
Se trata de víctimas o familiares de víctimas que sufrieron o los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.
En el proceso también participaron defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura; trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores, profesoras y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, miembros de partidos políticos, parlamentarios, etc.; diplomáticos y diplomáticas; pensionados y pensionadas; periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas, etc.
En las opiniones recabadas, las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de la CPI de reanudar la investigación y afirman que el Gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los “colectivos”.
Para preservar la seguridad de quienes participaron en este proceso, el informe no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya enviado su opinión, por lo que el Gobierno no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas.
La Sala de Cuestiones Preliminares I, dictará una decisión tras examinar y evaluar detenidamente todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de las víctimas.
