Venezuela se resiste a participar en el juicio sobre el Esequibo ante la CIJ de la ONU, argumentando que un acuerdo de 1966 es la clave para zanjar el conflicto territorial con Guyana. El propio acuerdo indica que, sin una solución, el caso debe ir a las manos del secretario general de la ONU.
Venezuela tiene fe en que el Acuerdo de Ginebra, un documento firmado firmado en 1966, resolverá su controversia con Guyana por un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados conocido como el Esequibo.
La disputa por el territorio, un diferendo complejo y extenso que ha llegado a la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, tiene huellas históricas que se remontan al siglo XVIII. Guyana, por su parte, esgrime la validez de un laudo arbitral de 1899.
La centenaria disputa de Venezuela y Guyana por el Esequibo
Venezuela insiste en que es necesario que las negociaciones sobre la controversia vuelvan a los postulados del Acuerdo de Ginebra que, según especialistas, ya se ha aplicado sin éxito en múltiples fases y durante varios gobiernos. El Acuerdo contempla mecanismos que fallaron hace años en hallar una solución pacífica y satisfactoria para ambos países, y derivó en una decisión del secretario general de las Naciones Unidas de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fuese la última y definitiva voz en el diferendo territorial.
El pacto en Suiza
El Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, un convenio alcanzado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, buscaba «resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte» sobre el territorio de la frontera entre Venezuela y una incipiente nación entonces conocida como “Guayana Británica”, hoy Guyana.
El acuerdo fue considerado “un hito” y un movimiento “hábil” de la diplomacia venezolana en los años 60, comentó a la Voz de América el especialista Juan Francisco Contreras, y propuso una “estrecha cooperación” entre las naciones en disputa y que cualquier controversia debía ser resuelta “amistosamente” y de forma “aceptable” para ambos.
Venezuela y Guayana Británica acordaron crear una comisión integrada por dos representantes de cada gobierno para buscar soluciones. Esa instancia podía contar con “expertos” y estaba llamada a presentar informes parciales cada seis meses. Aunque se reunió 17 veces entre 1966 y 1970, no tuvo éxito.
La opción de las Naciones Unidas
El Acuerdo de Ginebra contempló el escenario de que no se resolviera el diferendo territorial en los siguientes cuatro años, tal como ocurrió. El Acuerdo proponía que sería el secretario general de las Naciones Unidas quien intervendría. A ese punto ha llegado la controversia medio siglo después.
El Acuerdo de Ginebra menciona al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas como herramienta de resolución “hasta que la controversia haya sido resuelta” o hasta que todos sus mecanismos se hubiesen agotado, y no podía interpretarse como “una renuncia o disminución” de los argumentos de reclamación o de los derechos de soberanía territorial de años anteriores por parte de los actores firmantes.
La pausa del Protocolo de Puerto España
El gobierno venezolano propuso en 1970 comenzar una espera entre las partes que sirviera para que ambos Estados reflexionaran sobre sus posturas, dialogaran y cooperaran en medio del diferendo.
Esa fórmula se presentó luego de la sublevación separatista del Rupununi, en el sur de Guyana, en 1969, un levantamiento por parte de un grupo de amerindios en el Esequibo que solicitaban a Venezuela incorporarse como ciudadanos venezolanos. El levantamiento fue aplastado por las fuerzas militares guyanesas, detalló el analista Juan Francisco Contreras.
La pausa, que duró 12 años, se firmó en la capital de Trinidad y Tobago, por lo que se le conoció como el Protocolo de Puerto España.
Venezuela no quiso prorrogar el protocolo en 1982, rechazó la intervención de un organismo internacional y propuso una negociación directa, que Guyana rechazó.
Todo derivó en 1983 en las manos del secretario general de la ONU, con base en el Acuerdo de Ginebra y el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
El Buen Oficiante de la ONU
Guyana y Venezuela aceptaron el método de los Buenos Oficios de las Naciones Unidas. La figura de un Buen Oficiante —un facilitador designado por el secretario general de la ONU para acercar las posturas de actores en conflicto y procurar una salida pacífica a las controversias— se activó formalmente en 1989 para acercar a las partes a una solución.
El granadino Alister McIntyre fue el primer Buen Oficiante de la controversia. Le sucedieron Oliver Jackman (1999-2007), Norman Girvan (2010-2014) y Dag Nylander (2017-2018).
La CIJ entra en juego
El experto en relaciones internacionales Lauren Caballero destaca que el Acuerdo de Ginebra faculta al secretario general de las Naciones Unidas a que elija el mecanismo ideal para solucionar pacíficamente la controversia si fallan las negociaciones bilaterales.
“Luego de casi 30 años, como los Buenos Oficios demuestran no ser eficaces y como tampoco Guyana quiso negociar, el secretario general deja la resolución en manos de un órgano de justicia, la Corte Internacional de Justicia»
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, concluyó en 2018 que no se había alcanzado un “progreso significativo” y escogió a la CIJ para zanjar el asunto, si bien mantuvo la figura del Buen Oficiante como “proceso complementario”.
Ese mismo año, Guyana introdujo una demanda contra Venezuela en la CIJ exigiendo que se declarara la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que dio al Reino Unido gran parte de la zona en reclamación y que el gobierno de Caracas califica como «fraudulento, nulo e írrito».
Guyana insiste que la demanda territorial de Venezuela sobre el Esequibo es “absurda” y que el Laudo Arbitral de París tiene “validez legal”.
Venezuela se resiste a participar en el juicio sobre el Esequibo ante la CIJ argumentando que el Acuerdo de Ginebra es clave para zanjar el conflicto.
En 2020, la CIJ se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza, rechazó una excepción preliminar presentada por Venezuela e indicó que juzgará sobre la validez del laudo arbitral de París de 1899 y los límites de ambos países.
A mediados de noviembre, la CIJ comenzó a dirimir en audiencias públicas sobre un referendo consultivo convocado por Venezuela sobre la potestad territorial del Esequibo, a petición de Guyana, y dio plazo hasta abril de 2024 para que Venezuela presente su «memorial» o escrito jurídico oficial en el proceso iniciado en 2018, pero el gobierno de Maduro insiste en argumentar que el Acuerdo de Ginebra es el único documento válido para tratar el diferendo.
La reclamación histórica de Venezuela pudiera quedar “deslegitimada” mediante un fallo contrario, aun cuando no participe en el juicio, advirtió el analista Contreras. La situación actual creo que es el peor escenario para Venezuela”
El gobierno insiste en que la CIJ no es el órgano válido para dirimir el asunto y que, de facto, el país no está preparado para defender su caso en el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas,
La convicción de que el Esequibo es de Venezuela es una de las pocas cuestiones en las que coinciden públicamente el gobierno de Maduro y sus opositores. En 2021, en el marco de las negociaciones facilitadas por Noruega, ambos bloques políticos acordaron reivindicar los «derechos históricos, soberanos e inalienables” de Venezuela sobre ese territorio.
Ambos consideran que el Laudo Arbitral de París es «nulo» y defienden al Acuerdo de Ginebra como el único instrumento válido para alcanzar una solución satisfactoria en el diferendo.
