El exjefe de espías del chavismo Hugo Carvajal Barrios, de 61 años, aguarda en la cárcel de Estremera a que en cualquier momento la Audiencia Nacional dé el visto bueno para su extradición a Estados Unidos. Una contestación favorable de Washington al auto de extradición y un recurso interpuesto ante la Sala de lo Contencioso son los dos trámites pendientes que lo separa -por ahora- de una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.
Su defensa, encabezada por la letrada María Dolores González de Argüelles, ha hecho todo lo posible para impedir su entrega a las autoridades norteamericanas, pero el propio tribunal ya consideró que hay una «estrategia dilatoria» por parte de Carvajal para alargar su permanencia en España.
Tráfico de cocaína
El Gobierno de EE.UU. lleva más de una década construyendo un expediente contra Hugo Carvajal -que guarda los secretos más profundos de las dos familias presidenciales venezolanas Chávez y Maduro- por su vinculación con el narcotráfico y en organizaciones criminales mientras «ejercía en los niveles más altos del Gobierno de Venezuela», desde 1999 hasta 2019, cuando rompió frontalmente con Nicolás Maduro.
Durante años, la DEA (agencia antinarcóticos) se ha encargado de recopilar numerosos actos concretos de su participación en organizaciones criminales y las pruebas de los delitos imputados que ha remitido a España para solicitar su entrega a EE.UU. ABC tuvo acceso a las dos acusaciones que recaen sobre el exgeneral venezolano, la primera del Tribunal del distrito sur de Nueva York, de fecha 8 de marzo de 2011, que lo acusa del traslado de 5.600 kilos de cocaína de Venezuela a México, con destino EE.UU., y la segunda de un tribunal del sur de Florida
En 2019 la acusación de Nueva York fue modificada y ampliada con cuatro imputaciones que se describen a continuación: la primera, organización delictiva narcoterrorista, al encontrar que Carvajal fue miembro de una organización venezolana de tráfico de drogas formada por funcionarios de alto rango y conocida como ‘El cártel de Los Soles’, que trabajaba con líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para «coordinar el tráfico de drogas» durante al menos 15 años; la segunda, organización delictiva introductoria de cocaína por «la manufactura, distribución y posesión de una sustancia prohibida».
La tercera acusación es por la posesión de ametralladoras y aparatos destructivos, que implica el uso y la tenencia de armas de fuego «capaces de disparar automáticamente más de un tiro, sin necesidad de recargarlas manualmente» y, por último, organización delictiva con el fin de poseer ametralladoras y aparatos destructivos.
Además tiene pendiente una causa en el Distrito Sur de Florida del 16 de mayo de 2013 por la pertenencia a organización delictiva distribuidora de cocaína con el propósito de introducirla de manera ilícita en EE.UU. desde al menos 2004 hasta el año 2010. La Fiscalía lo acusa de conspirar junto al Cártel del Norte del Valle para el tráfico ilegal de cocaína. Una organización criminal que aseguran está involucrada en el tráfico de drogas, el blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico, sobornos a la policía y secuestros, tortura y asesinatos de agentes policiales y/o narcotraficantes.
Homologación de delitos
La Audiencia Nacional homologó los delitos por los que EE.UU. reclama a Hugo Carvajal y su equivalencia en España corresponde a los delitos de conspiración de narcoterrorismo, en la actividad que llevó a cabo como parte de una organización dedicada al narcotráfico y conspiración para importar cocaína. Y dice que los cargos 3 y 4 relacionados a las armas «se formulan en relación con la comisión de los delitos de narcotráfico (cargos 1 y 2).Es decir, España acordó su extradición para que fuera enjuiciado por los cuatro hechos comprendidos en la acusación formal de reemplazo del Tribunal Sur de Nueva York.
El otrora jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza».
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado viernes solicitar a EE.UU. garantías respecto al trato que se daría al ‘Pollo’ en caso de que fuese entregado, un trámite que mantiene paralizada su extradición. En este sentido, el juez dio 45 días para que las autoridades norteamericanas respondan a este requerimiento. Este formalismo es una suerte de garantía de que los derechos del ‘Pollo’ serán respetados en Estados Unidos.
