CARACAS – En una sesión extraordinaria trasladada al Centro de Convenciones de La Carlota —debido a los daños estructurales que el doble terremoto del pasado 24 de junio ocasionó en el Palacio Federal Legislativo—, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión un paquete legislativo de emergencia. El objetivo: dinamizar el sector construcción y el mercado de arrendamientos para atender a las más de 17.900 personas que han quedado sin hogar tras los eventos telúricos que devastaron zonas de La Guaira, Caracas y estados vecinos.
«Equilibrio jurídico» para dinamizar el mercado
La plenaria dio luz verde a la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda y a una reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Según el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, la urgencia de estas normativas radica en «desamarrar los nudos» que han mantenido paralizado el sector.
«La tarea principal es estimular el mercado de alquileres; debemos robustecer la seguridad jurídica para proteger simultáneamente el derecho de propiedad del arrendador, pero también al arrendatario», explicó Infante durante su intervención.
El proyecto de ley de alquileres, que consta de 27 artículos, propone pilares como:
- Arbitraje expedito: Implementación de vías rápidas para la resolución de conflictos.
- Distribución equitativa de gastos: Regulación del peso financiero en reparaciones menores y mayores bajo un umbral del 30% del canon.
- Garantías: Posibilidad de pólizas de seguro o depósitos hasta por tres meses, con reintegro inmediato en 15 días continuos tras verificar el estado del inmueble.
- Seguridad: Prohibición expresa de alquilar edificaciones en zonas de alto riesgo o construcciones precarias.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reconoció que la normativa vigente desde 2011 se había vuelto «regresiva», provocando que cerca de 200.000 viviendas se mantuvieran desocupadas por temor de sus dueños a la inseguridad jurídica.
Reactivación del sector construcción
En cuanto a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, la reforma busca atraer al sector privado para ejecutar un «proceso agresivo» de edificación habitacional. El diputado Infante detalló que se eliminarán esquemas de precios rígidos que impedían ajustar los costos de materiales durante el tiempo de obra, permitiendo ahora acuerdos libres de estabilización del saldo deudor frente a la fluctuación económica.
Asimismo, se incentiva a la banca pública y privada a otorgar créditos inmobiliarios mediante la flexibilización de riesgos regulatorios, con la meta de alcanzar la construcción de 25.000 unidades habitacionales, cifra estimada como necesaria por el Ejecutivo para cubrir el déficit generado por la catástrofe.
Duelo nacional y exigencias de control
El país atraviesa un momento de profunda consternación, con un saldo oficial de 4.734 fallecidos. Entre las víctimas se encuentra la diputada por la Guayana Esequiba, Jessika Carolina de León Hevia. Ante esta tragedia, la AN aprobó un acuerdo de solidaridad, aunque la sesión también fue escenario de tensiones políticas.
El legislador Tomás Guanipa, en representación del Grupo Libertad, cuestionó la «respuesta tardía» de los organismos de socorro en las horas críticas tras los sismos y exigió una «contraloría real» sobre la ayuda humanitaria para evitar irregularidades. Pese a las diferencias, los bloques opositores acompañaron la aprobación de las leyes, instando a que, para la segunda discusión, se convoque a consultas con cámaras inmobiliarias, constructores y expertos para asegurar un marco legal equilibrado.
Mientras las reformas avanzan, miles de familias en sectores como Altagracia y el bulevar Panteón permanecen a la espera de soluciones habitacionales definitivas, pernoctando actualmente en campamentos improvisados.
Por: Redacción Standard Digital News | Sección: Internacionales / Nacionales | Con información de Agencias / Fotos cortesía | 14 de julio de 2026
