BOGOTÁ – Colombia ha dado el primer paso hacia el relevo de mando gubernamental con la activación formal de los mecanismos institucionales para el traspaso de poderes. Por primera vez en la historia contemporánea del país, este proceso se desarrolla bajo un formato singular: sin encuentros presenciales entre el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La coordinación del empalme ha quedado delegada en equipos técnicos designados específicamente por ambas administraciones.
Un deber constitucional sin concesiones: La formalización del proceso se consolidó tras una comunicación enviada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a la actual jefatura de Estado, subrayando que esta transferencia no es un favor político, sino un mandato constitucional ineludible. El equipo de De la Espriella ha trazado una hoja de ruta centrada en cuatro pilares: un proceso ordenado, auditable, público y orientado a la estabilización de las instituciones estatales.
Para garantizar la transparencia, el nuevo gobierno ha propuesto la designación de enlaces técnicos directos en cada uno de los ministerios y entidades públicas, con el fin de auditar la gestión actual y sentar las bases para una reestructuración que permita agilizar la administración pública y detectar posibles irregularidades.
Respuesta del Ejecutivo saliente
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la Casa de Nariño será el escenario de las primeras mesas técnicas de trabajo. El alto funcionario reafirmó que el gobierno de Gustavo Petro respetará el marco legal vigente hasta el próximo 6 de agosto, fecha en la que concluye formalmente su administración. «La entrega de carteras será transparente y responsable, apegada estrictamente a la Constitución», aseguró Ávila, quien indicó que las comisiones definirán los cronogramas para la entrega de información pública no reservada.
Tensiones y controversias en el horizonte
A pesar de la voluntad institucional de ambas partes, el inicio del empalme está marcado por una notable crispación política. El senador Iván Cepeda ha liderado un llamado a la «desobediencia civil pacífica» a través de plataformas digitales, intensificando el debate público al cuestionar la legitimidad del presidente electo.
El punto central de esta confrontación radica en la presunta doble nacionalidad (colombiana y estadounidense) de Abelardo de la Espriella. Cepeda ha exigido aclaraciones sobre si el futuro mandatario mantiene vínculos activos con agencias de seguridad extranjeras, lo cual, a su juicio, podría comprometer la soberanía nacional. Pese a estas críticas, el parlamentario aclaró que reconoce los resultados electorales, aunque continuará ejerciendo un control político riguroso.
Para garantizar la integridad del proceso, tanto la Procuraduría como la Contraloría han sido convocadas como garantes del procedimiento, con el objetivo de supervisar que la entrega de la administración pública ocurra dentro de los cauces de la legalidad y evitar que las discrepancias políticas frenen la estabilidad del Estado durante las próximas semanas. El país observa con atención cómo este complejo relevo definirá el rumbo administrativo de los próximos cuatro años.
Por: Redacción Standard Digital News | Internacionales | Con información de Agencias | Fotos cortesía | 4 de julio de 2026
