La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
El organismo acusó a Putin de «presuntamente haber cometido crimen de guerra con la deportación ilegal de población (niños). Así como, del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
La intervención ilegal de la Federación Rusa sobre parte del territorio ucraniano inició el 24 de febrero de 2022, justificándolo en una «desnazificación» del territorio. Desde entonces, la situación en Ucrania ha sido tensa y ha habido numerosos informes de violaciones de derechos humanos por parte de Rusia
«Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, dice la orden de arresto.
La emisión de estas órdenes de arresto por parte de la CPI envía un fuerte mensaje de que los crímenes de guerra no quedarán impunes y que los perpetradores enfrentarán a la justicia. Sin embargo, es poco probable que Putin sea extraditado a la CPI, ya que Rusia no es un estado parte en el Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI.
Sin embargo, esta medida pudiera reducir su movilidad en diferentes países del mundo. A pesar de esto, la emisión de estas órdenes de arresto es un importante paso hacia la rendición de cuentas de los responsables de los crímenes de guerra en Ucrania.
