En una jornada marcada por una celeridad procesal poco frecuente en los tiempos legislativos, Venezuela ha dado un giro de timón hacia la distensión. Este jueves, lo que comenzó como un debate en el Palacio Federal Legislativo terminó, pocas horas después, con el ejecútese en el Palacio de Miraflores. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz ya es una realidad jurídica tras ser sancionada por unanimidad y promulgada de inmediato por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Este movimiento relámpago del Poder Público no es casual; busca cerrar cicatrices tras los críticos sucesos del pasado 3 de enero de 2026, que mantuvieron en vilo al país con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
El rito del reencuentro en Miraflores
La solemnidad del acto quedó sellada cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, junto a la Comisión Especial de seguimiento, hizo entrega física de la norma en la casa de Gobierno. Para la mandataria encargada, este texto no es solo un cuerpo legal, sino un «vehículo de esperanza y desprendimiento».
«Se abre una puerta extraordinaria para el reencuentro de Venezuela y el perdón», afirmó Rodríguez, subrayando que la política nacional debe transitar por «nuevas alamedas» que dejen atrás la retórica del odio.
Justicia expedita y el rol de Diosdado Cabello
La promulgación no llegó sola. Para evitar que la ley se convierta en letra muerta, se anunciaron mecanismos operativos de ejecución inmediata:
- Comisión de Seguimiento: Instada a actuar con «máxima celeridad» para que los beneficios de la ley se sientan en el corto plazo.
- Revisión Judicial Estratégica: La presidenta instruyó a la Comisión de Revolución Judicial, liderada por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, para que trabaje junto al Programa de Convivencia y Paz. ¿El objetivo? Auditar expedientes que quedaron fuera del alcance inicial de la amnistía y emitir recomendaciones que permitan «reencausar la justicia».
Un alcance histórico: Desde 1999 hasta el presente
Lo que define la magnitud de esta ley es su retroactividad. La normativa abarca eventos políticos ocurridos desde 1999, buscando resolver la situación jurídica de aquellos vinculados a hechos de violencia política en las últimas décadas. Bajo la premisa de que «hay que saber pedir perdón y saber recibirlo», el chavismo y sectores de la oposición parecen haber pactado un espacio de tregua institucional tras el trauma de enero.
Análisis Político: ¿Un nuevo comienzo?
La rapidez entre la sanción y la promulgación envía un mensaje claro a la comunidad internacional y a los sectores internos: el Estado prioriza la estabilidad sobre la confrontación directa en este nuevo escenario. La participación de la sociedad civil en la consulta previa le otorga a esta ley una legitimidad que buscará ser el cimiento de la convivencia democrática en los meses por venir.
Por: Redacción SDNnews| Con información y foto portada de Globovisión
