MARACAIBO.– El abogado zuliano Juan Pablo Montiel Almeida, hizo pública la consignación formal entregada ante el Ministerio Público de una denuncia penal por la presunta operatividad de una estructura delictiva dedicada a la extorsión de ciudadanos en el estado Zulia, la cual estaría integrada por efectivos de cuerpos policiales.
Durante una rueda de prensa ofrecida en la capital zuliana, el jurista precisó que la acción legal fundamenta sus alegatos en evidencias y elementos de convicción concretos que deberán ser procesados por el Ministerio Público» , ente al que le corresponde constitucionalmente dirigir las investigaciones penales en el país.
Amedrentamiento, traslado a comandos y exigencias en divisas
Al detallar los hechos que sustentan la acusación, Montiel expuso el caso ocurrido el pasado 14 de mayo en la ciudad de Maracaibo. Según el relato, una de las víctimas fue abordada e interceptada por uniformados para luego ser trasladada de forma irregular a la sede del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco (Polisur). En dichas instalaciones, el afectado habría sido sometido a intensas presiones psicológicas, amedrentamiento y peticiones de altas sumas de dinero a cambio de no procesarle causas penales.
De acuerdo con el escrito presentado a la Fiscalía, las personas afectadas cedieron ante el chantaje entregando la suma de 60.000 dólares en efectivo. Sin embargo, los cobros indebidos no cesaron con el pago inicial, pues las víctimas continuaron recibiendo llamadas telefónicas y mensajes de texto con tono intimidatorio para exigirles desembolsos económicos adicionales.
Solicitud de peritajes forenses e identificación de sospechosos
Ante la gravedad del patrón denunciado, la representación legal solicitará al fiscal del caso la ejecución inmediata de diligencias clave. Entre las actuaciones requeridas destacan el rastreo y vaciado de registros telefónicos, la realización de experticias forenses computarizadas a dispositivos móviles, la revisión exhaustiva de las órdenes de servicio, el chequeo de los libros de novedades y la identificación plena de la totalidad del personal actuante durante dicho procedimiento.
El jurista adelantó que durante la fase de indagaciones preliminares se logró individualizar a dos funcionarios en ejercicio que ostentan el rango de inspectores. Las identidades de ambos agentes, junto con las pruebas recabadas y el registro fotográfico de uno de los vehículos presuntamente empleados para llevar a cabo los abordajes ilícitos, serán entregados formalmente a la fiscalía correspondiente.
Llamado a la ciudadanía y postura ante la institución
Montiel enfatizó que el recurso judicial no pretende desacreditar la labor general de los cuerpos de seguridad, sino individualizar las responsabilidades punibles de quienes utilizan la indumentaria oficial y los bienes del Estado para consumar delitos. «La denuncia no está dirigida contra las instituciones policiales, sino contra quienes eventualmente hayan utilizado el uniforme y los recursos del Estado para cometer hechos ilícitos», recalcó el profesional del derecho.
Finalmente, instó a la comunidad zuliana a no ceder ante amedrentamientos y a guardar cualquier tipo de soporte audiovisual o digital que sirva como prueba ante las autoridades para frenar la arbitrariedad. «El silencio protege la impunidad; la denuncia protege a la sociedad», sentenció al cierre de sus declaraciones.
Por: Redacción Standard Digital News | Sección: Sucesos – Judiciales | Con información de Cobertura Especial/ Fotos y videos SDNnews | Fecha: 27 de julio de 2026
