Fiscalía de Cuba admite que 55 menores de edad están siendo juzgados por protestar contra el régimen de Díaz-Canel - Standard Digital News | Noticias verdaderas de Venezuela y el Mundo

Fiscalía de Cuba admite que 55 menores de edad están siendo juzgados por protestar contra el régimen de Díaz-Canel

La Fiscalía de Cuba emitió un comunicado este martes en el que admitió que 55 cubanos de entre 16 y 18 años están siendo procesados por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. De ellos 28 se encuentran actualmente en «prisión provisional».

Debido a la «condición de estudiantes» y «el arrepentimiento mostrado», entre otros factores, las autoridades judiciales cubanas modificaron la solicitud de sanción por otras de menor severidad a 18 de los menores de edad acusados, añadió el texto.

El texto refirió que están siendo procesados por participar en las protestas del 11J un total de 790 personas, de las cuales 115 tienen entre 16 y 20 años de edad. De los 60 acusados con entre 19 y 20 años de edad 41 se encuentran en prisión provisional. Las autoridades judiciales cubanas reconocieron que investigaron a 27 ciudadanos menores de 16 años, los cuales «no son sujetos del derecho penal» en la Isla, por lo que diez fueron internados en escuelas de conducta y a 17 se les aplicó la medida de «atención individualizada» en el centro donde cursan estudios.

Los jóvenes han sido un blanco priorizado de la represión del régimen contra los manifestantes del 11J. El castrismo ha buscado escarmentar y hacer que los represaliados sirvan de ejemplo de lo que puede pasar a quienes expresan descontento en Cuba.

Del total de cubanos investigados por su participación en las protestas, 710 están pendientes de juicio. De ellos, el 69% espera el inicio del proceso en “prisión provisional”.

La Fiscalía reconoció hasta el momento la realización de 84 juicios, en los cuales han sido sancionadas 172 personas.

De acuerdo con la información oficial, los delitos por los cuales se acusa a los manifestantes del 11J son «desórdenes públicos», «instigación a delinquir», «daños», «robos con fuerza y violencia», «atentado», «sabotaje» y «sedición».

Ante la polémica por las elevadas condenas de prisión, que en algunos casos llegan a 30 años, la Fiscalía defendió las acusaciones, en especial la de «sedición», alegando que fue adoptada por «el nivel de violencia demostrado» por los manifestantes.

Por otra parte, dijo que ha tenido que atender a 508 ciudadanos que han solicitado información sobre los mencionados procesos y ha tramitado unas 238 quejas relacionadas con ello.

En el texto, la Fiscalía niega que en Cuba se cometan violaciones de los derechos humanos y califica como información «tendenciosa» y «manipulaciones» las denuncias por las violaciones del debido proceso en la mayor parte de estos juicios.

El comunicado de la Fiscalía ontradice las declaraciones realizadas por el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien afirmó días después de las protestas antigubernamentales que no había menores de edad encarcelados.

De acuerdo con los datos divulgados por la organización independiente Justicia 11J, dedicada a registrar los casos de personas encarceladas por su participación en las protestas, se han realizado unos 400 juicios hasta el momento, en los cuales 95 personas han enfrentado cargos por sedición.

La organización independiente agregó que al menos 63 cubanos más serán juzgados por sedición, mientras 726 continúan en prisión.

En los últimos días numerosos familiares de personas procesadas por participar en las protestas del 11J así como activistas cubanos y opositores han protestado públicamente o planificado campañas en las redes sociales para denunciar la arbitrariedad de los procesos.

Algunas agencias de prensa internacionales radicadas en la Isla y medios extranjeros han publicado noticias sobre los juicios masivos tras la presión de un grupo de activistas cubanos que realizó una campaña exigiendo la cobertura de estos procesos.

También numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado ante la ONU la arbitrariedad de los procesos, por lo que el organismo internacional le pidió cuentas a La Habana la pasada semana.

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Marvelis Padrón