El economista zuliano y exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas fue liberado este miércoles en horas de la mañana, luego de permanecer 41 días bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La excarcelación se produjo junto a la de los economistas Daniel Cadenas y Gerardo Casique, colaboradores del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF)2.
Cabezas fue arrestado el pasado 12 de junio en Maracaibo, estado Zulia, tras ser citado a la sede de Corpoelec luego de un corte eléctrico en su residencia. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, la detención se realizó sin orden judicial ni cargos públicos conocidos, y el exministro permaneció incomunicado durante semanas, lo que fue calificado como desaparición forzada.
Durante su reclusión, familiares y allegados exigieron fe de vida y respeto al debido proceso. La presión nacional e internacional fue clave para visibilizar el caso, que generó preocupación en sectores políticos, académicos y ciudadanos.
Rodrigo Cabezas, de 73 años, fue ministro de Finanzas entre 2007 y 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez, y ocupó cargos como diputado a la Asamblea Nacional y representante en el Parlamento Latinoamericano.
En 2017 se desvinculó del oficialismo y desde entonces ha mantenido una postura crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente coordina el movimiento político Zulia Humana y ha expresado públicamente su respaldo a líderes de la oposición democrática.
Aunque no se han confirmado oficialmente los motivos de las liberaciones, diversos medios reportan que estas podrían estar relacionadas con acuerdos diplomáticos recientes entre Venezuela y Estados Unidos, que incluyen canjes de prisioneros y excarcelaciones de presos políticos6.
Hasta el momento, no se ha informado si los liberados enfrentan medidas cautelares o si gozan de libertad plena. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que estas acciones deben ir acompañadas de un compromiso firme para erradicar la detención arbitraria como herramienta de persecución política.
La comunidad académica y política sigue atenta a los próximos pasos en este caso que ha puesto en evidencia las tensiones entre justicia, derechos humanos y libertad de expresión en Venezuela.
Con informacion de agencias
