CARACAS.– En el marco de una creciente demanda por la restitución de las garantías democráticas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha solicitado formalmente la anulación inmediata de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La organización gremial denunció con firmeza que el instrumento legal, promulgado en el año 2017, ha dejado de cumplir sus propósitos originales para transformarse en un mecanismo sistemático de persecución judicial y censura severa contra el ejercicio del periodismo independiente en la nación sudamericana.
El marco normativo vigente contempla penas draconianas de hasta 20 años de cárcel, las cuales —de acuerdo con los señalamientos del sindicato— han sido implementadas de forma discrecional y reiterada contra profesionales de la comunicación y reporteros dedicados a difundir reclamos ciudadanos o visiones críticas sobre la administración pública. Desde la vocería sindical enfatizaron que la mera paralización temporal en la aplicación del texto legal resulta insuficiente, catalogando como indispensable la erradicación total del articulado dentro del sistema normativo venezolano para restablecer la certeza jurídica en el gremio.
Cifras alarmantes: el 70 % de los comunicadores procesados enfrentan cargos de odio
Los balances estadísticos presentados por el organismo revelan el impacto directo de esta legislación como instrumento de presión e intimidación. Para enero de 2026, los registros del SNTP contabilizaban a un total de 40 trabajadores de los medios de comunicación privados de libertad o sujetos a expedientes judiciales abiertos. De ese universo, 28 profesionales afrontan imputaciones formuladas bajo el amparo de la Ley contra el Odio, lo que equivale a que el 70 % de las causas abiertas a comunicadores en el país responden a los supuestos penales de incitación o promoción a la violencia e intolerancia.
Esta alarmante proporción pone de manifiesto una estrategia de judicialización continua contra el trabajo periodístico justo en la víspera de la instalación de la segunda fase de negociaciones entre las delegaciones del oficialismo y la representación opositora en la capital venezolana. Ante la apertura de este espacio de diálogo político, la representación de los trabajadores de la prensa recordó que a comienzos de agosto sostuvo reuniones formales con la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, así como con otros parlamentarios, con el propósito expreso de incorporar la derogación del polémico texto y la restitución de la libertad de prensa como prioridades ineludibles en los acuerdos sobre garantías civiles.
Solicitud de cierre definitivo de expedientes y respaldo internacional
La exigencia institucional del SNTP no se limita al ámbito legislativo; abarca de igual manera la anulación inmediata de todos los expedientes penales, la revocación de las medidas cautelares y el levantamiento de las restricciones personales dictadas al amparo de esta normativa. El diagnóstico del sindicato ha recibido el respaldo unánime de diversas organizaciones no gubernamentales orientadas a la defensa de los derechos humanos, las cuales coinciden en señalar que la pervivencia de dicho instrumento legal representa uno de los obstáculos más graves para la circulación libre de información en la sociedad.
El desarrollo y los consensos que puedan alcanzarse en la mesa de negociación en Caracas definirán si existen voluntades reales para dismantling las trabas institucionales y avanzar hacia un entorno de seguridad, transparencia y pleno ejercicio democrático para la labor informativa en territorio venezolano.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Derechos Humanos y Prensa | Con información de Agencias / Fotos cortesía | Fecha: 16 de septiembre de 2026
