En una comparecencia histórica en La Haya, el Estado venezolano desconoce formalmente la competencia del tribunal de la ONU para resolver el diferendo territorial, apelando al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico vinculante para una solución de paz.
LA HAYA, PAÍSES BAJOS – En una jornada que marca un hito en la defensa de la soberanía nacional, el agente de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, ratificó este miércoles el rechazo absoluto del país a la jurisdicción de este tribunal para decidir sobre la controversia territorial de la Guayana Esequiba. Durante la semana de audiencias en la capital neerlandesa, Caracas sostuvo que su integridad territorial no es negociable ante terceros ni sujeta a arbitrajes impuestos.
«Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral», sentenció Moncada ante los jueces del máximo organismo de justicia de las Naciones Unidas. El diplomático enfatizó que esta postura no responde a una estrategia coyuntural, sino que es una decisión estructural arraigada en el ordenamiento jurídico interno y en la conducta histórica internacional del país.
El Acuerdo de Ginebra vs. el Laudo de 1899
El centro del debate jurídico reside en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, instrumento que Venezuela declaró nulo en 1962 tras demostrarse graves irregularidades en su ejecución. Por el contrario, el Estado venezolano reivindicó la vigencia plena del Acuerdo de Ginebra de 1966, al cual Moncada calificó como un «instrumento de descolonización por excelencia».
Según la delegación venezolana, el pacto de 1966 obliga a ambas naciones a buscar una solución práctica y satisfactoria mediante el entendimiento directo. «Es exactamente lo contrario a una decisión impuesta por un tribunal donde irremediablemente una parte gana a costa de la derrota de la otra», explicó el agente, contraponiendo la vía de la paz frente a la judicialización unilateral promovida por Georgetown.
Una presencia sin reconocimiento
A pesar de desconocer la legitimidad de la Corte para este caso, Venezuela acudió a las audiencias para evitar que Guyana redefina unilateralmente los términos del conflicto. El territorio en disputa, una región de 160.000 kilómetros cuadrados rica en yacimientos petrolíferos y minerales estratégicos, es objeto de una demanda presentada por Guyana en 2018 para validar el trazado fronterizo del siglo XIX.
Para Caracas, la vía judicial representa una ruptura del espíritu de negociación y un intento de desconocer la historia de despojo territorial sufrida por la nación a manos del Imperio británico. La delegación venezolana subrayó que la restitución de su territorio es una causa esencial que no puede ser decidida por mecanismos ajenos a la voluntad soberana del país.
La semana de audiencias continuará hasta el próximo lunes, mientras Venezuela mantiene su estado de alerta diplomática y jurídica, reiterando que la resolución del conflicto pasa estrictamente por el marco de la ONU y el diálogo bilateral efectivo.
Por: Standard Digital News – Política Internacional / Derecho / Con información de agencias y Foto cortesía / 6 de mayo de 2026
