Maracaibo 5 de mayo de 2026. Bajo una visión de modernidad y eficiencia gubernamental, el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino ha promulgado oficialmente el Decreto 053-2026.
Esta normativa de alto impacto surge para transformar radicalmente la dinámica administrativa dentro de las oficinas del Sedemat, la Ompu y la Dirección de Catastro. El objetivo central es dinamizar la economía local mediante una reingeniería profunda de los procesos que anteriormente ralentizaban el progreso de la ciudad.
Miguel Silva, en su rol de intendente del Centro de Procesamiento Urbano, anunció que la orden ejecutiva exige la anulación inmediata de cualquier recaudo que no sea estrictamente indispensable.
Esta decisión busca erradicar los cuellos de botella en la permisología municipal, permitiendo que la administración pública fluya con mayor libertad y coherencia. La medida representa un quiebre definitivo con los modelos burocráticos obsoletos que obstaculizaban la inversión privada y pública.
La estrategia se fundamenta en la aplicación rigurosa de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, impulsada por el Ejecutivo Nacional. Con este respaldo legal, la Alcaldía de Maracaibo garantiza un sistema de gestión que prioriza la transparencia y la atención digna para cada ciudadano.
Se establece así un compromiso ineludible con el servicio público eficiente, colocando las necesidades de los marabinos en el centro de la política.
Dentro del alcance de este decreto, se han identificado y optimizado un total de 38 procedimientos específicos vinculados directamente al Centro de Procesamiento Urbano. Documentos fundamentales, como las fichas catastrales y las conformidades de uso, ahora se tramitarán bajo un esquema de celeridad sin precedentes en la entidad.
Este cambio de paradigma asegura que el tiempo de espera de los usuarios se reduzca al mínimo, favoreciendo la productividad.
Una de las innovaciones más destacadas es la reducción del historial documental exigido, pasando de investigaciones centenarias a un periodo máximo de apenas 20 años de data.
Este ajuste facilita enormemente la obtención de nomenclaturas y planos de mensura, evitando que los contribuyentes pierdan meses rastreando archivos históricos innecesarios. Ahora, la meta institucional es que una conformidad de uso pueda ser otorgada en un lapso de apenas 48 horas.
El decreto también aborda la regularización de la propiedad privada sobre terrenos ejidos mediante una revisión exhaustiva de las ordenanzas locales vigentes en la materia. En cuanto a las construcciones, se ha suprimido la obligatoriedad del visado múltiple del Colegio de Ingenieros para agilizar el inicio de las obras civiles.
El equipo técnico municipal, compuesto por expertos arquitectos y geodestas, será ahora el único responsable de validar las variables urbanas. Los beneficios se extienden tanto a personas naturales como a entidades jurídicas, quienes disfrutarán de procesos de pago simplificados y la eliminación de la duplicidad de documentos.
El fin de los visados excesivos representa un alivio financiero y logístico para quienes desean emprender nuevas actividades comerciales en la capital zuliana.
La gestión municipal apuesta por un entorno donde la legalidad y la facilidad de tramitación converjan en beneficio del crecimiento.
Finalmente, el Centro de Procesamiento Urbano se encamina hacia la implementación de una taquilla única virtual que digitalizará la relación entre el Estado y el ciudadano.
Esta transformación tecnológica responde a la necesidad de renovar las instituciones para que no pierdan su relevancia frente a las exigencias del mundo actual. La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo reafirma así su determinación de ofrecer soluciones reales, tangibles y modernas para todo el pueblo.
Texto y foto Claudia Gutiérrez
