CARACAS – En un movimiento que redefine el tablero económico del país, la Asamblea Nacional inicia este lunes, a las 5:00 p. m., la primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minería. La sesión, que tendrá como punto único este debate en el Palacio Federal Legislativo, marca el punto de partida para un nuevo marco jurídico que busca replicar el modelo de apertura petrolera en el sector de los metales preciosos.
El «Efecto Licencia 51»: El fin del embargo al oro
Este debate legislativo no ocurre en el vacío. Se produce apenas 72 horas después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitiera la Licencia General 51, una medida que rompe con años de sanciones sobre el oro venezolano.
Esta autorización permite ahora a empresas estadounidenses comprar, transportar y comercializar oro proveniente de Venezuela, involucrando directamente a la estatal Minerven. El alcance de la licencia es total: desde la logística y los seguros hasta la reventa del metal en mercados internacionales, lo que supone una bocanada de oxígeno financiero para la administración central.
El «modelo Hidrocarburos» llega a las minas
La reforma tiene un carácter de urgencia. Tras la reciente reunión en Caracas entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, la consigna ha sido clara: celeridad.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, ya había adelantado que el objetivo es transformar la minería en un sector abierto a la inversión extranjera masiva, emulando las reformas aplicadas a la Ley de Hidrocarburos que permitieron el regreso de las multinacionales al sector petrolero. La nueva ley busca ofrecer las garantías legales necesarias para que los capitales internacionales fluyan hacia el Arco Minero del Orinoco.
La sombra del ecocidio: Voces en contra
Sin embargo, la celeridad legislativa ha encendido las alarmas de la sociedad civil. La ONG SOS Orinoco ha calificado la nueva licencia de Washington como una herramienta que «blanquea la riqueza criminal» y perpetúa el «ecocidio» en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Según la organización, no existen mecanismos reales de auditoría dentro de Minerven ni en las áreas protegidas del sur del país para garantizar que el oro extraído no provenga de zonas donde la minería está estrictamente prohibida por ley. La falta de «debida diligencia» en la cadena de suministro sigue siendo el principal punto de fricción para los defensores del medio ambiente.
¿Qué sigue?
Tras esta primera discusión, el proyecto deberá someterse a una segunda vuelta donde se debatirá artículo por artículo. El Gobierno espera que la normativa esté lista en tiempo récord para formalizar los primeros acuerdos comerciales bajo el amparo de la nueva licencia estadounidense.
Por SDNnews con Informacion de agencias |Fotos cortesia
