CARACAS – En una sesión plenaria orientada a la reingeniería del modelo energético nacional, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, por mayoría calificada, el carácter orgánico del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La iniciativa legal busca flexibilizar el marco operativo del sector para dinamizar la producción y atraer inversión internacional bajo nuevas modalidades de riesgo.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó la reforma como «imperativa», subrayando que el instrumento jurídico es la pieza clave para permitir un «aumento acelerado» en los niveles de extracción y procesamiento de crudo en el país.
Un nuevo modelo de gestión: Riesgo operativo y eficiencia
La presentación del proyecto estuvo a cargo del diputado Orlando Camacho, quien detalló que la reforma abarca 18 artículos estratégicos. El pilar fundamental de esta propuesta es la incorporación de modelos de negocio derivados de la Ley Constitucional Antibloqueo (2020), adaptándolos ahora con rango de Ley Orgánica.
Entre los puntos más disruptivos de la reforma destacan:
- Gestión Integral a Riesgo: Se introducen los «contratos de participación productiva», donde las empresas operadoras asumen la gestión total del proyecto a su propio costo y riesgo.
- Blindaje Financiero del Estado: Bajo este esquema, la República no adquiere deuda directa. La remuneración de las empresas privadas consistirá en una participación porcentual de los volúmenes de producción fiscalizados.
Incentivos fiscales y garantías para campos vírgenes
Uno de los aspectos que mayor interés ha despertado en el sector energético es la propuesta de flexibilización de regalías. Camacho explicó que, para viabilizar la explotación de campos no desarrollados que requieren inversiones de gran escala, se contempla la posibilidad de rebajar las alícuotas actuales.
«Es necesario atraer capitales a campos que hoy no producen, y para ello se requieren incentivos fiscales competitivos», señaló el parlamentario, destacando que el objetivo final es la modernización del sector energético.
Seguridad jurídica y resolución de conflictos
Con el fin de elevar la confianza de los inversores internacionales, la reforma plantea robustecer las garantías jurídicas. El proyecto establece la posibilidad de acudir a mecanismos independientes de mediación para la resolución de conflictos, siempre bajo el estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales.
Con esta aprobación inicial, el proyecto pasa ahora a una fase de consulta y revisión detallada antes de su segunda discusión, marcando lo que el Legislativo define como un «paso audaz» hacia la actualización de la industria petrolera como motor del desarrollo nacional.
Por SDNnews con informacion y foto portada de Globovisión
