Un juzgado de la Audiencia Nacional de España imputó formalmente este martes al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación se enmarca en la causa penal que rastrea el supuesto cobro de comisiones ilegales derivadas del polémico rescate estatal de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra en plena crisis sanitaria del covid-19.
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. En el marco de estas diligencias, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la oficina del exjefe del Ejecutivo socialista, quien gobernó entre 2004 y 2011, así como otras tres sedes mercantiles. De acuerdo con el auto del magistrado José Luis Calama, instructor del Juzgado Central de Instrucción número 4, existen indicios de que el político lideraba una «estructura de tráfico de influencias» diseñada para facilitar la inyección de fondos públicos a la compañía aérea con nexos en Sudamérica.
El entramado de comisiones y la conexión con Dubái
La investigación tomó un rumbo crucial al descubrirse que la trama supuestamente creó una sociedad pantalla en los Emiratos Árabes Unidos, denominada Landside Dubai Fzco, con el fin de canalizar y lavar el dinero de las comisiones. Según el juez, esta firma offshore habría sido constituida bajo instrucciones del entorno del propio expresidente y estaba participada al 100% por la empresa española Idella Consulenza Strategica, propiedad de su amigo cercano, el empresario Javier Martínez Martínez.
Los investigadores sostienen que Idella suscribió un contrato con la directiva de Plus Ultra que le garantizaba el cobro del 1% del total del rescate aprobado por el Consejo de Ministros (unos 530.000 euros). Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción indaga el origen de los fondos que presuntamente fueron reinyectados en el sistema español, bajo la sospecha de que provienen de desvíos irregulares ejecutados por altos funcionarios de la administración de Venezuela vinculados a los programas de alimentos subsidiados (CLAP) y transacciones de oro del Banco de Venezuela.
Travesía legal e historial del caso
La causa penal ha experimentado un complejo recorrido en los tribunales madrileños. Aunque un juzgado ordinario de la capital investigó inicialmente las ayudas públicas y decretó el sobreseimiento del expediente con el respaldo de la Audiencia Provincial, el proceso fue reabierto tras una firme apelación de la Fiscalía Anticorrupción. El hallazgo de nueva documentación contable y fiscal en las oficinas de la aerolínea obligó a la jueza de instrucción originaria a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al detectar ramificaciones delictivas de carácter internacional.
La actual imputación dictaminada por el juez José Luis Calama, quien asumió la competencia del caso el pasado 3 de marzo y prorrogó la instrucción hasta el 28 de mayo, representa el punto álgido de una investigación de largo aliento. Cabe destacar que este avance judicial se produce meses después de que, en diciembre de 2025, la UDEF detuviera de forma preventiva al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al director ejecutivo Roberto Roselli, a un asesor jurídico de la firma y al propio Javier Martínez Martínez, quienes posteriormente fueron puestos en libertad provisional.
Las defensas del exmandatario y de la cúpula de la aerolínea han rechazado tajantemente los señalamientos, argumentando la absoluta legalidad y transparencia del proceso de rescate financiero, el cual califican como una medida indispensable para preservar la conectividad aérea y los puestos de trabajo. Sin embargo, la acción del magistrado Calama sitúa ahora al exjefe de Gobierno en el centro de un debate judicial que promete sacudir los cimientos políticos de ambos lados del Atlántico durante los próximos meses.
Por: Standard Digital News – INTERNACIONAL – SUCESOS – ECONOMÍA / Con información de agencias / 19 de mayo de 2026
