En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo se aprobó por unanimidad la declaratoria de situación de desastre nacional, con el objetivo de afrontar el fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias para Colombia.
BOGOTÁ – Anticipándose a una inminente crisis climática, el Ejecutivo colombiano ha activado los mecanismos legales de máxima emergencia. El Gobierno de Colombia aprobó por unanimidad la declaratoria de desastre nacional ante las «graves consecuencias para el país» que se prevé deje el paso del fenómeno climático El Niño durante el periodo comprendido entre los años 2026 y 2027.
La decisión adoptada tras una sesión de carácter extraordinario por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres busca blindar al territorio nacional frente a la alteración severa de los patrones meteorológicos y sus múltiples ramificaciones socioeconómicas.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, señaló que la intención es generar acciones inmediatas ante posibles adversidades.
“No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requiera atención inmediata”, indicó.
Pava precisó que el fenómeno climático y las altas temperaturas llevarían a generar emergencias en el país, razón por la cual obliga al Estado a una intervención inmediata, para “la materialización plena del daño en aplicación del principio de precaución y de la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente a desastres previsibles”, expresó.
Medidas anticipadas y marco legal
A través de sus canales oficiales de comunicación, el organismo gubernamental precisó que esta resolución estratégica «permitirá adoptar medidas anticipadas para proteger a las comunidades, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y reducir los impactos asociados a las condiciones climáticas extremas que podrían presentarse en diferentes regiones del país».
Esta determinación se fundamenta en las atribuciones conferidas por la Ley 1523 de 2012, un cuerpo normativo que faculta al Estado colombiano para declarar una situación formal de desastre «cuando existe un riesgo inminente, sin necesidad de esperar a que los efectos se materialicen».
De este modo, la administración central busca dotarse de herramientas presupuestarias y logísticas extraordinarias para mitigar los estragos de sequías prolongadas, desabastecimiento hídrico o incendios forestales que suelen acompañar a este ciclo climático en la región andina y caribeña.
Por: Redacción Standard Digital News | Categoría: Internacionales – Ambiente – Clima | Con información de Agencias / Fotos cortesía | 22 de julio de 2026
