Tras el rechazo del Congreso a la reforma tributaria el pasado 9 de diciembre, el Gobierno de Colombia ha oficializado la emergencia económica por un lapso de 30 días. A través del Decreto 1390 de 2025, el presidente Gustavo Petro busca solventar un vacío fiscal de 16,3 billones de pesos, recursos que eran indispensables para equilibrar el presupuesto nacional de 2026.
Esta medida excepcional otorga al Ejecutivo la potestad de instaurar o alterar impuestos de forma directa, argumentando que la actual insuficiencia de fondos pone en peligro la continuidad de los servicios públicos y los derechos fundamentales de la ciudadanía ante una situación financiera que ya se califica como crítica.
El mandatario defendió la medida señalando la existencia de un déficit primario histórico y cuestionó duramente la postura del legislativo por hundir sus proyectos de financiación en repetidas ocasiones. Asimismo, Petro vinculó la inestabilidad económica a las decisiones del Banco de la República, que ha mantenido la tasa de interés en un 9,25%, factor que, sumado a la falta de reforma, eleva el riesgo país y compromete la sostenibilidad de la deuda.
Según la administración actual, el nuevo esquema tributario bajo este decreto se enfocará en captar recursos de los sectores más ricos, a quienes se les pide una mayor contribución social tras años de beneficios económicos.
Finalmente, el Gobierno advirtió que un eventual freno por parte de la Corte Constitucional a este decreto podría derivar en una crisis económica grave. Este escenario se produce tras un complejo camino legislativo donde, de tres reformas presentadas por el actual Ejecutivo, solo la primera logró ser aprobada en 2022, mientras que las propuestas de 2024 y 2025 fueron rechazadas, dejando al país en una encrucijada financiera de aproximadamente 4.290 millones de dólares.
